El TFJA concede suspensión provisional para que Rubén Rocha Moya disponga de sus jubilaciones del IMSS, ISSSTE y la UAS sin restricciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este viernes que restituyó el acceso parcial a las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La dependencia federal ejecutó esta acción para acatar una resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Mediante este fallo, las autoridades permiten que el exmandatario disponga exclusivamente de los recursos correspondientes a sus jubilaciones y pensiones.
Alcance de la resolución judicial para Rubén Rocha Moya
La Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA concedió una suspensión provisional a favor del político sinaloense. Por consiguiente, la UIF desbloqueó las dos cuentas donde el exfuncionario recibe los depósitos de tres prestaciones distintas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, estos ingresos provienen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Asimismo, las autoridades detallaron que el desbloqueo responde al principio legal de inembargabilidad que protege a las pensiones por cesantía, viudez y jubilación. Sin embargo, la dependencia aclaró que el resto de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya continúan completamente inmovilizadas. Además, cualquier otra operación financiera permanece sujeta a las restricciones vigentes derivadas de las investigaciones federales.
Antecedentes del bloqueo financiero y las investigaciones
El congelamiento preventivo de los activos ocurrió en mayo pasado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una carpeta de investigación. Previamente, en abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya. Las autoridades estadounidenses señalaron al exgobernador por presunta conspiración para importar narcóticos, posesión de artefactos explosivos y nexos directos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Según el expediente judicial estadounidense, el grupo criminal intervino en los comicios estatales mediante intimidación para favorecer su llegada al poder. De igual manera, los fiscales extranjeros sostienen que el exfuncionario garantizó impunidad para el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio norteamericano, motivo por el cual solicitaron su extradición.
Postura de defensa y situación política en Sinaloa
Por su parte, el exmandatario rechazó de forma categórica los señalamientos del gobierno estadounidense. Argumentó que las imputaciones carecen de sustento jurídico y representan una maniobra política para vulnerar la soberanía nacional. Con el objetivo de enfrentar las indagatorias de la FGR, solicitó licencia temporal a su cargo en mayo.
Posteriormente, el 21 de agosto intentó reincorporarse a la gubernatura tras asegurar que la fiscalía no halló pruebas en su contra. No obstante, el fuerte rechazo social y político lo obligó a pedir licencia indefinida apenas un día después. Finalmente, el 25 de agosto, el Congreso local designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa.
