Conoce los detalles sobre las empresas de seguridad privada inhabilitadas por la Secretaría Anticorrupción para contratos oficiales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó de manera oficial una importante sanción administrativa dentro del sector público. La dependencia federal informó que dos corporaciones sancionadas no podrán formalizar nuevos convenios financieros con ninguna entidad gubernamental. Esta decisión administrativa busca proteger la transparencia operacional y defender activamente el interés social en todo el país.
Decisión judicial frena a empresas de seguridad privada inhabilitadas
Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución emitida por las autoridades jurisdiccionales competentes. El Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión otorgada previamente a las compañías sancionadas. Por lo tanto, la medida preventiva ordenada por los juzgadores restablece la validez plena del castigo administrativo.
La resolución se dictó de forma contundente en el expediente de revisión incidental R.A. 189/2026. Gracias a esta determinación jurídica, las empresas de seguridad privada inhabilitadas enfrentan nuevamente los efectos legales directos de la sanción. El procedimiento sancionador fue impulsado originalmente por el Órgano Interno de Control adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Inhabilitación impuesta por Buen Gobierno cobra vigencia plena
El dictamen judicial fortalece los mecanismos institucionales de rendición de cuentas contra las malas prácticas corporativas. Además, la normativa vigente impide que las corporaciones sancionadas participen en licitaciones abiertas del gobierno federal. Esta prohibición aplica estrictamente para Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V. e igualmente para Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V.
Consecuentemente, ningún servidor público federal, estatal o municipal podrá firmar contratos con estas compañías sancionadas. Esta restricción opera en todas las adjudicaciones donde existan recursos monetarios federales involucrados de manera directa o indirecta. Por consiguiente, los comités de compras deberán verificar cuidadosamente el padrón oficial antes de emitir cualquier fallo de licitación.
Alcance institucional sobre las empresas de seguridad privada inhabilitadas
Las autoridades fiscalizadoras supervisarán rigurosamente que todos los organismos públicos acaten la instrucción emitida en el edicto. Igualmente, los auditores federales mantendrán revisiones constantes para prevenir cualquier intento de evadir la inhabilitación vigente. En consecuencia, las instituciones que incumplan estas disposiciones legales recibirán sanciones severas conforme a la legislación aplicable.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción reafirmó su compromiso institucional de combatir la impunidad en las contrataciones públicas. La dependencia mantendrá una vigilancia estrecha sobre los procesos legales promovidos por los apoderados jurídicos de las firmas involucradas. Asimismo, las autoridades defenderán la validez legal de la sanción en todas las instancias judiciales competentes.
Defensa firme del interés público y legalidad contractual
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dará seguimiento puntual al proceso en los tribunales correspondientes. La institución defenderá con firmeza las sanciones impuestas, pues sostiene que el procedimiento se ejecutó con estricto apego a derecho. En resumen, las acciones gubernamentales continuarán respaldando la integridad del patrimonio nacional y la transparencia en el gasto público.
