Filial de Pemex pagó millones a empresa del Rey del Huachicol tras la emisión de comprobantes fiscales durante la contingencia.
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Una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCC) reveló pruebas documentales sobre los negocios entre el gobierno federal y el crimen organizado. La filial I.I.I. Servicios transfirió fondos públicos a la empresa Grupo Industrial Permart, propiedad de Sergio Carmona Angulo. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmó la existencia de comprobantes fiscales vigentes ante el SAT.
La compañía del operador del contrabando de combustible recibió transferencias bancarias durante la emergencia de distribución de gasolina. El comprobante fiscal con fecha del 17 de mayo de 2021 ampara un pago superior a los 10 millones de pesos. El documento oficial detalla que los recursos correspondieron a servicios prestados en la estrategia de transporte terrestre.
Facturas confirmadas ante el SAT
La consulta efectuada en el sistema del Servicio de Administración Tributaria confirmó la validez legal del documento. El comprobante digital mantiene un estatus de no cancelable por un monto total de 10 millones 167 mil pesos. Durante todo el año 2021, la empresa facturó más de 25 millones de pesos a la filial petrolera.
Filial de Pemex pagó millones a empresa del Rey del Huachicol mediante el contrato TIS-SDI-SAD-017-2021 registrado en el comprobante fiscal. Los registros corporativos demuestran que la compañía modificó su objeto social meses antes para ingresar al sector energético. Además, el empresario recibió poderes notariales amplios para administrar la firma constructora e industrial en Reynosa.
Estrategia de transporte y red de corrupción
La filial I.I.I. Servicios asumió un rol central en la estrategia oficial para combatir el huachicol en el país. La empresa adquirió cientos de autotanques para distribuir gasolina directamente a las estaciones de servicio tras el cierre de ductos. Sin embargo, la petrolera contrató los servicios de la firma vinculada al contrabando sin verificar los antecedentes corporativos.
El empresario beneficiado financió campañas políticas y obtuvo contratos millonarios en diversas dependencias públicas antes de su asesinato. Diversos testimonios de excolaboradores señalan que las asignaciones directas funcionaron como retribución a las aportaciones electorales. La red de contratos abarcó administraciones estatales y organismos federales durante el periodo de movilización de autotanques.
Opacidad en contratos gubernamentales
La dirección de Petróleos Mexicanos mantiene oculta la documentación contractual celebrada con la empresa proveedora de servicios. La petrolera argumenta que la filial opera bajo el derecho privado y evade la rendición de cuentas pública. Por consiguiente, los detalles específicos sobre los compromisos adquiridos permanecen clasificados por la administración federal.
El comprobante fiscal digital representa la única evidencia pública sobre la transferencia de recursos estatales a la red empresarial. Las organizaciones civiles exigen transparentar los expedientes de contratación firmados con la compañía de almacenamiento y transporte. El caso expone la infiltración de presuntos grupos delictivos en las operaciones logísticas del Estado.
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