El Consejo General del organismo electoral busca deslindar responsabilidades penales tras detectar irregularidades en contrataciones millonarias.

Por Agenda QR. -El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El recurso jurídico busca que el ministerio público federal investigue presuntas conductas constitutivas de delito cometidas durante la administración de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. En consecuencia, el organismo electoral solicitó deslindar responsabilidades sobre funcionarios y proveedores involucrados en irregularidades operativas y administrativas.

La acción legal surge tras un acuerdo unánime alcanzado por las diez consejerías que integran el máximo órgano de dirección. La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, confirmó que la querella no se limita exclusivamente a la exdirigente. De este modo, la investigación abarcará a cualquier colaborador o exservidor público contra quien existan indicios de comisiones ilícitas en las licitaciones públicas.

Anomalías en contrataciones y presunto conflicto de interés

Las indagatorias internas se concentran en una red de contratos adjudicados a proveedores vinculados al empresario Alfredo Hernández Casillas. La controversia escaló tras la difusión de imágenes que documentaron reuniones privadas entre la exfuncionaria y representantes de las firmas beneficiadas. Por esta razón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició también una revisión de oficio sobre los ejercicios presupuestales del instituto.

Asimismo, la denuncia solicita formalmente a la FGR peritar las grabaciones que exponen presuntas negociaciones de comisiones económicas a cambio de asignaciones directas. A raíz de estos señalamientos, el organismo registra una cascada de 30 renuncias de mandos ejecutivos y personal cercano a la anterior gestión. La ola de dimisiones obligó a instrumentar medidas administrativas de emergencia para garantizar la operatividad institucional.

Protocolos de cero tolerancia y fiscalización federal

El INE subrayó en un comunicado oficial que la denuncia responde estrictamente a la obligación constitucional de tutelar la transparencia y la correcta aplicación del gasto público. Además, la institución garantizó total apertura para facilitar las diligencias de los peritos del ministerio público y los auditores de la ASF. Las consejerías ratificaron una política de cero tolerancia frente a actos que vulneren la integridad presupuestal.

Actualmente, el expediente quedó a cargo de las fiscalías especializadas para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. En conclusión, la autoridad electoral busca desahogar el proceso penal para recuperar la confianza ciudadana y asegurar el normal desarrollo de sus funciones normativas.