La denuncia del INE ante FGR abre un proceso legal histórico mientras avanzan las renuncias masivas en la junta ejecutiva del organismo.
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, confirmó la presentación de la denuncia del INE ante la FGR para deslindar responsabilidades por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de proveedores. El recurso legal no incluye una lista nominativa, sino que exige una investigación minuciosa sobre cualquier funcionario o excolaborador involucrado en las faltas detectadas durante la gestión anterior.
Las consejerías avanzan en la revisión técnica de las estructuras ejecutivas, mientras la Cámara de Diputados posterga la convocatoria para la elección de la nueva titular institucional.
Acciones legales e investigación por presunta corrupción
El Consejo General formalizará el recurso jurídico a más tardar este miércoles para dar vista formal a las autoridades ministeriales. Esta acción responde a la necesidad de esclarecer el uso de recursos públicos y transparentar los procesos de adjudicación vigentes.
“Estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades a quien corresponda”, explicó la consejera presidenta Blanca Cruz García durante una conferencia de prensa.
Asimismo, el máximo órgano electoral aprobará un paquete de medidas administrativas emergentes. Estas disposiciones garantizarán la colaboración plena con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por lo tanto, el personal del organismo resguardará la totalidad de los expedientes contractuales cuestionados. Las autoridades electorales recalcaron que no fijarán culpabilidades previas, pues la función de investigar recae exclusivamente en las instancias fiscalizadoras.
Avanza la denuncia del INE ante la FGR entre purga administrativa
El proceso de fiscalización coincide con una reestructuración interna que ya suma 30 dimisiones voluntarias en puestos clave. Sin embargo, el instituto realiza un filtro previo antes de liberar los pagos por finiquito o derechos laborales. En consecuencia, la autoridad administrativa consulta formalmente al Órgano Interno de Control para verificar si existen expedientes sancionatorios abiertos contra los solicitantes.
Entre las bajas contabilizadas destacan 17 colaboradores adscritos a la antigua presidencia, así como tres titulares de unidades técnicas estratégicas. De igual manera, se registraron dimisiones en la Dirección de Recursos Materiales, la Secretaría Ejecutiva y diversas subdirecciones operativas. Por consiguiente, las tenencias directivas permanecerán sujetas a evaluaciones de perfil e integridad técnica para asegurar el funcionamiento operativo de las áreas.
A pesar de los ajustes masivos, el organismo ratificó que el calendario electoral vigente continúa sin interrupciones operativas ni retrasos logísticos. Adicionalmente, los procedimientos de compra para indumentaria de campo y herramientas de personal continúan en fase de auditoría estricta antes de su liberación presupuestal.
Falta de consensos frena la convocatoria en la Cámara de Diputados
Por otro lado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió diferir la emisión de la convocatoria oficial para elegir a la nueva consejera presidenta. El legislador Ricardo Monreal Ávila detalló que el aplazamiento obedece a la falta de acuerdos normativos inmediatos entre las distintas bancadas parlamentarias.
El grupo parlamentario de Acción Nacional formalizó ocho propuestas de modificación al documento inicial. No obstante, varias peticiones requieren adecuaciones a nivel constitucional, lo cual dificulta una aprobación acelerada. Sin embargo, todas las fuerzas políticas coincidieron unánimemente en que una mujer encabezará el organismo hasta el año 2032.
El impacto institucional de la denuncia del INE ante la FGR
Las negociaciones legislativas continuarán durante los próximos días con el objetivo de alcanzar una votación por unanimidad y evitar confrontaciones partidistas. En efecto, la desconfianza generada por los recientes señalamientos de corrupción obliga a construir un consenso sólido en la designación.
Se prevé que la convocatoria definitiva reciba el aval del pleno entre el 13 y el 14 de noviembre. Mientras tanto, las investigaciones penales seguirán su curso en la fiscalía federal para deslindar responsabilidades administrativas y ejecutivas sobre el manejo patrimonial del instituto electoral.
