Una jueza federal declara oficialmente en quiebra a la aerolínea Magnicharters tras cesar operaciones
La aerolínea Magnicharters quedó declarada oficialmente en quiebra por una jueza federal, tras haber cesado por completo sus operaciones de manera repentina en el mes de abril. La resolución estuvo a cargo de Tessy del Rocío Covarrubias,titular del Juzgado Primero de Distrito de Concursos Mercantiles, quien dictaminó procedente la solicitud que presentó el 20 de mayo la empresa matriz Grupo Aéreo Monterrey. Ante esta determinación, la orden judicial instruyó la designación inmediata de un síndico para tomar posesión de los bienes, libros y registros financieros con el propósito de iniciar con su respectivo inventario y venta.
Obligaciones financieras y pasivos
Aunque la cifra global de pasivos y la lista definitiva de acreedores aún no se han determinado con exactitud, el juzgado ha contabilizado inicialmente cerca de quinientos adeudos reconocidos. Entre los compromisos económicos más destacados se encuentran una deuda laboral de 161 millones de pesos para el pago de los trabajadores y un monto aproximado de 150 millones de pesos con agencias de viajes por paquetes turísticos no cumplidos. Como parte del patrimonio disponible para cubrir dichas obligaciones, la aerolínea dispone de tres aeronaves Boeing 737-300 resguardadas en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las cuales podrían ser subastadas si se confirma su propiedad plena.
Repercusiones en el sector aeronáutico
Por otra parte, la jueza ordenó que el concurso mercantil de las filiales de la compañía —como la agencia de viajes Magnitur y la empresa de transporte terrestre Magnibus— se tramite mediante expedientes individuales. Asimismo, la sentencia conlleva la pérdida definitiva del título de concesión otorgado por la Secretaría de Infraestructura,Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la cancelación formal del certificado de operador de servicios aéreos ejecutada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) desde el pasado 29 de junio. Tratándose de un servicio público concesionado, el tribunal notificó a la SICT para que ejerza sus atribuciones en la propuesta del síndico y en la autorización de la comercialización de los bienes embargados.
