El partido oficialista demanda deslindar responsabilidades pasadas y presentes tras la dimisión de la consejera presidenta y rechaza la opacidad bajo la premisa de la autonomía institucional.
Posicionamiento partidista y deslinde institucional
El Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena emitió un pronunciamiento formal para exigir investigaciones exhaustivas sobre el manejo del gasto presupuestal en el Instituto Nacional Electoral (INE). El llamado contempla la revisión amplia de contratos adjudicados tanto en la reciente administración de Guadalupe Taddei Zavala como en la gestión precedente encabezada por Lorenzo Córdova Vianello.
La dirigencia guinda sostuvo que la salida de la expresidenta del organismo no debe significar la conclusión de las indagatorias administrativas o penales. Paralelamente, la fuerza política se deslindó de la trayectoria y designación de Taddei Zavala, al recordar que su nombramiento ocurrió mediante el mecanismo legal de insaculación en el Congreso federal en marzo de 2023.
Puntos clave para la fiscalización presupuestal
La demanda de auditoría exige esclarecer la identidad de los funcionarios que autorizaron licitaciones señaladas por presuntas irregularidades. El partido requirió determinar el padrón de proveedores involucrados, la antigüedad de sus relaciones comerciales con el órgano electoral y la identificación de eventuales beneficiarios finales de los contratos públicos.
Asimismo, la dirigencia planteó revisar contratos de arrendamiento vehicular y la producción de materiales electorales, esquema de adjudicaciones que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió auditar a través de la Auditoría Superior de la Federación. La solicitud partidista incluye fiscalizar el Órgano Interno de Control para determinar por qué no se corrigieron anomalías detectadas en ejercicios previos.
Postura de exfuncionarios y alcance de investigaciones
Frente a las acusaciones sobre contratos acumulados desde administraciones previas, el exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello manifestó su disposición para que las autoridades fiscalizadoras revisen nuevamente las adjudicaciones de su periodo de gestión. El exfuncionario argumentó que las observaciones en su momento formuladas por la Auditoría Superior de la Federación fueron atendidas en tiempo y forma.
Morena enfatizó que la autonomía constitucional de las instituciones electorales no debe operar como sinónimo de opacidad ni excepción frente a la ley. La dirigencia reiteró que el partido no encubrirá a servidores públicos vinculados con actos ilícitos, sin importar filiación política o vínculos personales, mientras la fiscalía y los tribunales administrativos determinan las responsabilidades legales.
