Autoridades de Texas buscan implementar patrullajes sobre nueve islas en el río Bravo para reforzar la vigilancia fronteriza
Texas, EUA. El gobierno de Texas declaró formalmente este viernes como propiedad estatal nueve islas en el río Bravo, en el perímetro fronterizo de Estados Unidos con México, para desplegar a la Guardia Nacional y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, precisó que la medida respondió a un requerimiento de la agencia estadounidense para supervisar 28 islotes ubicados en la franja de Laredo a McAllen. En consecuencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó de manera inmediata cualquier decisión unilateral para alterar los límites territoriales bilaterales fijados entre ambas naciones.
Vigilancia y postura de Texas
Las autoridades norteamericanas argumentaron que estos terrenos anteriormente carecían de titularidad legal definida o figuraban como espacios sin reclamar. Dawn Buckingham sostuvo que la ratificación patrimonial permitirá patrullar los predios, realizar deshierbes e intervenir ante potenciales delitos criminales. De este modo, la comisionada afirmó que las islas en el río Bravo no deben transformarse en refugios para organizaciones dedicadas al tráfico de personas o narcóticos. Sin embargo, la funcionaria reconoció explícitamente que la agencia policial no ha verificado hasta la fecha actividades delictivas dentro de las zonas delimitadas.
Respuesta de la Cancillería mexicana
La Secretaría de Relaciones Exteriores puntualizó mediante un comunicado que las delimitaciones internacionales no pueden ser modificadas por administraciones estatales. La dependencia mexicana invocó el Tratado de Límites de 1970, el cual estipula que la demarcación corre por el centro del cauce normal del afluente. Por lo tanto, el tratado asigna la soberanía sobre cada una de las islas en el río independientemente de registros históricos. Asimismo, el gobierno de México enfatizó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas es la única entidad facultada para dictaminar la pertenencia de las tierras.
Mecanismos y seguimiento bilateral
La Cancillería recordó que la normativa binacional prohíbe obras que obstruyan o desvíen el escurrimiento hídrico natural del cuerpo de agua sin la autorización previa de los organismos competentes. Las autoridades mexicanas garantizaron un monitoreo permanente sobre cualquier incursión o patrullaje que pretenda ejecutar la autoridad texana en la región costera. De esta manera, el Ejecutivo federal ratificó su respaldo al cumplimiento de las herramientas diplomáticas tradicionales. Por consiguiente, el país priorizará el diálogo institucional para evitar fricciones operativas sobre la franja divisoria.
