Contratos de material electoral por 2 mil 461 mdp habrían sido controlados por cinco empresas que simularon competencia, según el OIC.

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Cinco empresas vinculadas entre sí habrían simulado competencia para controlar los contratos de suministro de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En conjunto, recibieron adjudicaciones por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, de acuerdo con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras.

Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario advirtió que las compañías operan como un presunto oligopolio. Según explicó, sus vínculos empresariales les habrían permitido simular concursos y establecer condiciones para controlar los precios de los materiales utilizados en los procesos electorales.

Carvente Contreras calificó esta situación como un problema histórico y estructural. Además, sostuvo que las prácticas identificadas no involucran únicamente al INE, sino también a los organismos electorales de las entidades federativas.

El funcionario presentó un expediente que, según dijo, documenta la operación de este grupo empresarial. También señaló que, entre 2021 y 2024, se registraron incrementos artificiales de precios de hasta 88 veces.

OIC señala presunto oligopolio en contratos electorales

Durante su exposición ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y de Transparencia y Anticorrupción, Carvente describió a las compañías como una estructura coordinada.

“Actúan como una maquinaria que opera el andamiaje de colusión”, afirmó ante los legisladores.

El titular del OIC explicó que las empresas tendrían capacidad para influir en los precios del material electoral. Por ello, consideró que su actuación corresponde a un esquema de oligopolio.

También indicó que las presuntas irregularidades relacionadas con la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, forman parte de una coyuntura más amplia. Sin embargo, insistió en que el problema debe analizarse en el conjunto del sistema electoral.

“Es un problema histórico y estructural”, expresó.

Identifican a cinco empresas con contratos por miles de millones

De acuerdo con el expediente presentado por Carvente Contreras, cinco compañías recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos durante el periodo comprendido entre 2014 y 2025.

Las empresas señaladas son:

• Cajas Graf: mil 72 millones 876 mil 165.40 pesos.
• Formas Finas y Materiales: 815 millones 961 mil 175.06 pesos.
• Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil 552.46 pesos.
• Comercializadora JVLY: 208 millones 386 mil 239.14 pesos.
• Seriplast de México: 85 millones 123 mil 981.43 pesos.

El funcionario señaló que Cajas Graf obtuvo contratos con el INE y 20 organismos electorales locales.

En su exposición, también mencionó que mil 883.95 millones de pesos, equivalentes al 77 por ciento del monto señalado, se concentraron en estas compañías. Sin embargo, el desglose individual presentado suma aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos, por lo que esa proporción requiere una aclaración sobre su base de cálculo.

Representantes legales participarían en varias compañías

Carvente Contreras también expuso que los apoderados y representantes legales de las empresas participan de manera cruzada en distintas firmas.

Como ejemplo, mencionó a José Alfredo Hernández Casillas y a su hermano. Según el funcionario, ambos tienen participación en dos o tres de las compañías señaladas.

El titular del OIC también hizo referencia a los presuntos vínculos de Hernández Casillas con personas cercanas a Guadalupe Taddei Zavala. Entre los señalamientos mencionó un viaje a París con el hijo de la exconsejera presidenta.

A partir de estos elementos, Carvente sostuvo que existen indicios de un posible esquema de colusión entre las empresas. También cuestionó que compañías vinculadas entre sí participaran en procedimientos que debían garantizar competencia entre proveedores.

Investigación apunta a una práctica extendida en el sistema electoral

El funcionario insistió en que las posibles irregularidades no se limitan a una administración o a un proceso de contratación específico.

Según su exposición, el esquema habría operado durante más de una década en contratos del INE y de los OPLE. Por ello, consideró necesario revisar la forma en que se han adquirido los materiales electorales.

La comparecencia ocurrió ante legisladores de las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción. Durante la sesión, Carvente presentó los señalamientos contenidos en el expediente maestro.

Las acusaciones apuntan a una posible simulación de competencia, concentración de contratos y manipulación de precios. No obstante, corresponde a las investigaciones determinar las responsabilidades de las empresas y de las personas mencionadas.

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