Población penitenciaria en México: 122 mil 549 personas siguen sin sentencia y Causa en Común alerta sobre la crisis carcelaria.

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La población penitenciaria en México enfrenta sobrepoblación, falta de profesionalización del personal custodio y deficiencias institucionales que dificultan la seguridad y la reinserción social. Además, en septiembre de 2026, un total de 122 mil 549 personas permanecían encarceladas sin sentencia, equivalentes al 44 por ciento de la población privada de la libertad.

Así lo advirtió la organización Causa en Común en su informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales”, presentado el 28 de octubre de 2026, en el que documentó las condiciones de las instituciones penitenciarias del país.

El análisis cuestiona la existencia de un verdadero sistema penitenciario nacional, debido a las diferencias administrativas, normativas y presupuestales entre las entidades federativas. Según la organización, esta fragmentación impide garantizar condiciones homogéneas para las personas privadas de la libertad y para quienes trabajan en los centros penitenciarios.

Población penitenciaria en México creció 47%

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) citadas en el informe, en septiembre de 2026 había 276 mil 873 personas privadas de la libertad en México.

Del total, el 88 por ciento estaba encarcelado por delitos del fuero común, mientras que el 12 por ciento correspondía al fuero federal.

Causa en Común señaló que la población penitenciaria del fuero común aumentó 47 por ciento entre 2018 y 2026, sin que las autoridades adoptaran medidas suficientes para ampliar la capacidad de los centros de reclusión.

Este crecimiento, sostuvo la organización, ha contribuido a niveles históricos de sobrepoblación. Además, relacionó el aumento de personas encarceladas sin sentencia con el uso expansivo de la prisión preventiva oficiosa, que permite mantener a determinadas personas en prisión sin una sentencia condenatoria.

El informe también atribuye parte del problema al abandono de las fiscalías y al debilitamiento de la independencia judicial, factores que, según la organización, afectan el funcionamiento de la justicia penal.

Ninguna entidad tiene carrera profesional para custodios

Uno de los principales señalamientos del documento se refiere a las condiciones laborales y la preparación del personal encargado de vigilar los centros penitenciarios.

Causa en Común indicó que ninguna entidad federativa ha establecido un servicio profesional de carrera para el personal custodio. Además, únicamente cuatro entidades cuentan con academias policiales que, en principio, capacitan al personal para desempeñar funciones penitenciarias.

La organización también advirtió que las condiciones de seguridad social son limitadas. Sólo 20 entidades reconocen el derecho de los custodios a recibir aguinaldo y vacaciones, mientras que 19 contemplan seguros de salud y de retiro.

A esta situación se suma la falta de registros públicos sistematizados que permitan conocer con precisión cuántas personas integran el personal penitenciario, cuáles son sus condiciones laborales y qué preparación reciben.

Para la organización, estas carencias dificultan la profesionalización de los custodios y limitan la capacidad de las autoridades para recuperar el control de los penales.

Violencia y sobrepoblación marcan las condiciones carcelarias

El informe también advierte que México carece de evaluaciones oficiales actualizadas y registros públicos suficientes para conocer las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios.

La última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) corresponde a 2021.

En aquella medición, sólo el 3 por ciento de las personas privadas de la libertad contaba con dormitorios individuales. En contraste, el 46 por ciento compartía celda con más de cinco personas, mientras que el 55 por ciento permanecía entre 12 y 24 horas seguidas dentro de sus celdas.

Asimismo, las cifras de la SSPC citadas por Causa en Común registraron, entre 2022 y 2025, tres mil 145 agresiones, mil 989 riñas, 339 suicidios y 47 homicidios en los penales del país.

La organización considera que estos incidentes evidencian problemas de gobernabilidad y seguridad al interior de los centros de reclusión.

Amnistía beneficia a una proporción reducida de solicitantes

Otro de los puntos examinados es el alcance de las leyes de amnistía como mecanismo para reducir la población penitenciaria.

De acuerdo con el informe, sólo 15 entidades federativas cuentan con una ley de amnistía propia. En el ámbito federal, la Comisión de Amnistía había examinado dos mil 395 casos hasta agosto de 2026, pero únicamente el 18 por ciento había accedido a ese beneficio.

Causa en Común sostuvo que la amnistía no ha logrado consolidarse como una alternativa accesible y efectiva para disminuir el encarcelamiento.

Además, señaló que sus alcances se ven limitados por la expansión de la prisión preventiva oficiosa, que mantiene a personas en prisión durante el proceso penal sin que exista una sentencia definitiva en su contra.

Causa en Común propone cambios al sistema penitenciario

Para enfrentar el abandono institucional, la organización planteó una serie de medidas dirigidas a mejorar la operación de los centros de reclusión y las condiciones de las personas privadas de la libertad.

Entre sus propuestas destacan recuperar el control de los penales, establecer mecanismos de desarrollo profesional para los custodios y reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

También pidió fortalecer los programas de salud y reinserción social, así como aumentar los presupuestos destinados a las instituciones penitenciarias.

Causa en Común consideró que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad dentro de las cárceles y garantizar condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas.

El informe concluye que la atención de la crisis penitenciaria requiere cambios estructurales, mayor transparencia y recursos suficientes. Sin estas medidas, advierte la organización, la sobrepoblación, la violencia y las deficiencias institucionales continuarán obstaculizando el funcionamiento de los centros de reclusión en México.

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