El PAN presentó una denuncia contra Guadalupe Taddei ante la FGR por presuntos delitos federales y contratos por mil 600 millones.
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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como contra funcionarios electorales y empresarios, para que se investigue su presunta participación en seis delitos federales.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó sobre la denuncia durante una conferencia de prensa, en la que señaló que la acción legal deriva de información difundida por periodistas y medios nacionales sobre presuntos vínculos entre Taddei y un contratista del organismo electoral.
El dirigente panista sostuvo que los hechos denunciados ameritan una investigación sobre la asignación de contratos y el posible uso irregular de recursos públicos. No obstante, las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades ministeriales y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal.
PAN señala seis presuntos delitos federales
De acuerdo con Romero Herrera, la denuncia incluye seis posibles delitos federales, entre ellos uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho, peculado y uso ilegal de recursos públicos.
El partido solicitó que las autoridades investiguen la actuación de la exconsejera presidenta, otros funcionarios del INE y empresarios presuntamente relacionados con la asignación de contratos.
Durante sus declaraciones, el dirigente de Acción Nacional afirmó que los hechos señalados no corresponderían únicamente a decisiones individuales, sino a una presunta estructura que habría intervenido en procesos de contratación dentro del organismo electoral.
Según la versión del PAN, algunos funcionarios habrían asumido determinadas responsabilidades dentro del instituto para facilitar la adjudicación de contratos a distintas empresas. El partido también señaló que las presuntas irregularidades se extenderían a contratos otorgados en diferentes estados.
Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos presentados por el partido y deberán ser contrastadas mediante las diligencias que realice la FGR.
PAN estima contratos irregulares por mil 600 millones de pesos
Romero Herrera aseguró que el monto de los contratos que el partido considera irregulares asciende a aproximadamente mil 600 millones de pesos.
El dirigente sostuvo que esos recursos habrían beneficiado a empresas que calificó como favoritas de Taddei Zavala y de otros funcionarios electorales.
Sin embargo, el monto mencionado corresponde al cálculo expuesto por el PAN. Para determinar si existieron irregularidades, las autoridades deberán revisar los procedimientos de contratación, las empresas involucradas, las condiciones de adjudicación y el destino de los recursos públicos.
La denuncia busca que la Fiscalía determine si los hechos descritos encuadran en alguno de los delitos señalados y, en su caso, establezca las responsabilidades correspondientes.
Jorge Romero pide convocar a la nueva presidencia del INE
Además de la acción penal, Romero Herrera pidió a la Cámara de Diputados emitir una convocatoria para elegir a la próxima persona que encabezará el INE.
El dirigente panista sostuvo que quien asuma la presidencia del organismo debe garantizar independencia e imparcialidad en la conducción de los procesos electorales.
“Que llegue una mujer libre”, expresó Romero Herrera al referirse a la persona que, desde su perspectiva, debería ocupar el cargo.
La postura del PAN se produce en medio de cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios electorales y de la discusión sobre la sucesión en la presidencia del Consejo General del INE.
La FGR deberá investigar los señalamientos
Con la denuncia, Acción Nacional busca que la FGR investigue los presuntos delitos y determine si existen elementos para proceder contra las personas señaladas.
La presentación de una denuncia no implica que los delitos estén acreditados ni que las personas mencionadas sean culpables. Corresponde al Ministerio Público analizar los hechos, reunir pruebas y determinar los pasos legales que procedan.
Por ahora, los señalamientos sobre los contratos por mil 600 millones de pesos y la presunta participación de funcionarios y empresarios deben entenderse como acusaciones formuladas por el PAN, a la espera de que las autoridades establezcan si cuentan con sustento legal.
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