Defensores de derechos humanos exigen sanción máxima contra exgobernador por la tortura a periodista Lydia Cacho cometida en 2005.
Quintana Roo. La esperada audiencia de vista dentro del proceso penal contra el exgobernador de Puebla Mario Marín, señalado como uno de los autores intelectuales de la tortura contra la periodista y defensora Lydia Cacho, fue diferida este martes. La diligencia representaba el paso previo y definitivo para que la jueza del caso emitiera una sentencia condenatoria o absolutoria.
Ante esta modificación repentina en los plazos judiciales, organizaciones defensoras de derechos humanos lamentaron las razones que llevaron al diferimiento, subrayando que las tácticas dilatorias solo prolongan el camino hacia la justicia, el cual se extiende ya por más de dos décadas.
El contexto de la audiencia y el reclamo de Artículo 19
El procedimiento suspendido este día congregaba la atención de la sociedad civil, la prensa nacional e internacional y organismos protectores de la libertad de expresión. La organización Artículo 19 había advertido previamente que esta etapa es crucial para determinar si en México el poder político y económico continúa garantizando la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
El trasfondo de este juicio se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente en Cancún y sometida a actos de tortura física, psicológica y amenazas durante su traslado a Puebla, en represalia por su investigación plasmada en el libro Los demonios del Edén. Pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU exigió en 2018 la reparación integral del daño y sanción a los responsables, el proceso ha enfrentado múltiples tropiezos, liberaciones polémicas de mandos operativos y largos periodos de espera.
Exigencias firmes ante el retraso procesal
Frente al diferimiento de la audiencia, las organizaciones y la defensa legal reiteraron sus demandas urgentes al sistema de justicia mexicano, entre estas, que se fije una nueva fecha a la brevedad, evitando dilaciones que afecten a la víctima y mantengan la incertidumbre jurídica.
Que al retomarse el juicio, la autoridad judicial imponga la pena máxima contemplada por el delito de tortura, valorando con rigor la responsabilidad de los autores intelectuales por encima de los mandos menores.
Y mantienen la exigencia que se otorguen garantías de seguridad y no repetición como condiciones para el retorno digno de Lydia Cacho, quien permanece en el exilio y bajo medidas cautelares de la CIDH desde 2009 debido al riesgo constante que enfrenta.
El aplazamiento de esta diligencia pone nuevamente bajo la lupa la eficacia y la independencia de los tribunales mexicanos para garantizar justicia efectiva a los periodistas agredidos por el ejercicio de su labor.
