El Gobierno de Baja California reconoce la existencia de contratos con empresas y personas sancionadas por la OFAC
Tijuana, Baja California. El Gobierno del Estado de Baja California confirmó de manera oficial que mantiene o mantuvo diversos contratos con personas y empresas que han sido incluidas en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con redes de la delincuencia organizada. A través de un documento firmado por el oficial mayor David Ramses Cervantes Aguilar, la administración estatal reconoció la existencia de estas contrataciones formalizadas, aunque omitió detallar de manera específica los montos o los convenios particulares involucrados.
Justificación legal y revisión de expedientes
De acuerdo con el posicionamiento oficial, al momento de celebrar dichos actos jurídicos con los proveedores, las autoridades estatales no detectaron ningún impedimento legal, ya que se verificó que los involucrados no contaban con sanciones vigentes, inhabilitaciones previas ni conflictos de interés, además de cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Sin embargo, tras revelarse los señalamientos internacionales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó turnar de inmediato los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para iniciar las indagatorias correspondientes.
“Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos”, puntualizó la mandataria estatal mediante un comunicado, agregando que la administración no permitirá que empresas o personas bajo sospecha de actividades ilícitas continúen como proveedoras del estado mientras no esclarezcan su situación jurídica. Asimismo, se precisó que parte de los contratos suscritos con las entidades señaladas corresponden a la adquisición de equipamiento, suministros e infraestructura técnica destinada al fortalecimiento operativo de la seguridad pública.
Empresas y figuras vinculadas en la investigación
Entre las razones sociales y personas señaladas en la información oficial destacan la compañía Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., en la que figura como accionista con el treinta por ciento de participación Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora. Del mismo modo, el listado incluye a firmas como Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.; The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.; Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.; y Distribuidora y Comercializadora ATAF, vinculadas a Luis Torres.
El informe también comprende al Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., atribuida a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, así como a la empresa Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V., relacionada con el exfuncionario aduanal Rafael Buenrostro Martín. El gobierno bajacaliforniano reiteró que el análisis detallado de los contratos determinará si existió alguna anomalía administrativa que podrian sancionar conforme a la ley y descartó cualquier intención de encubrimiento.
