La doble nacionalidad para cargos públicos tendrá nuevas reglas desde 2028 para aspirantes a la Presidencia, gubernaturas y CDMX.

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La reforma constitucional que establece nuevas reglas sobre la doble nacionalidad para cargos públicos de elección ejecutiva comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, explicó la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján.

La modificación establece que quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de solicitar su registro como candidatos.

El Senado de la República aprobó el proyecto el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, tanto en lo general como en lo particular. La minuta fue enviada posteriormente a los congresos estatales como parte del procedimiento de reforma constitucional.

Doble nacionalidad para cargos públicos tendrá nuevas reglas

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos apartados corresponden, respectivamente, a los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El nuevo esquema establece que una persona con otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.

Además, las disposiciones plantean que quienes ejerzan esos cargos no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante su mandato.

También se contempla la prohibición de utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera o acogerse a la protección diplomática de otro país.

La medida, sin embargo, no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general. Las restricciones se concentran en quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos contemplados expresamente en la reforma.

¿A quiénes aplicará la reforma constitucional?

Las nuevas reglas alcanzarán a las personas que pretendan contender por tres tipos de cargos: la Presidencia de la República, las gubernaturas de las entidades federativas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, quienes mantengan una segunda nacionalidad y aspiren a alguno de estos puestos deberán realizar el procedimiento correspondiente para renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral.

Durante el debate legislativo, integrantes de la oposición cuestionaron la reforma y señalaron que podría restringir derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero o cuentan con doble nacionalidad. Esas objeciones quedaron registradas durante la discusión del dictamen en el Senado.

En contraste, legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde respaldaron el cambio constitucional y sostuvieron que la nacionalidad única debe ser un requisito para quienes ocupen los cargos ejecutivos previstos.

Reforma aplicará a partir del proceso electoral de 2028

El régimen transitorio establece que las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. La Cámara de Diputados había incorporado esta previsión cuando aprobó la reforma y la envió al Senado.

De esta manera, las nuevas reglas no modificarán los requisitos aplicables a procesos electorales anteriores a esa fecha.

La aplicación en 2028 también implica que el cambio deberá quedar incorporado al marco jurídico que regirá los registros de candidaturas correspondientes a ese proceso electoral.

El Senado ya aprobó la reforma, pero el procedimiento constitucional requiere la participación de las legislaturas estatales antes de su entrada en vigor. Al 30 de septiembre, diversos congresos locales comenzaron a recibir y discutir la minuta.

También modificarán la Ley de Nacionalidad

Además de los cambios a la Constitución, será necesario adecuar la legislación secundaria para establecer cómo se realizará la renuncia a una nacionalidad distinta a la mexicana.

Luisa María Alcalde explicó que deberán realizarse modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas y procedimientos correspondientes. También deberán revisarse las disposiciones electorales relacionadas con el registro de candidaturas.

La propuesta original presentada por la Presidencia señaló que estas adecuaciones permitirían establecer el procedimiento para acreditar la renuncia ante las autoridades mexicanas y, en su caso, ante las autoridades del país cuya nacionalidad también tenga la persona interesada.

Por ahora, el cambio constitucional se encuentra en el proceso previsto para las reformas a la Carta Magna. Su aplicación dependerá de que concluya dicho procedimiento y de las adecuaciones posteriores al marco legal.

Así, la principal modificación será que, desde el proceso electoral de 2028, tener otra nacionalidad será incompatible con el registro para competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conforme al texto aprobado por el Senado.

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