La Secretaría de Gobernación reporta cientos de expedientes y personas vinculadas a proceso en la investigación abierta por los normalistas de Ayotzinapa
Ciudad de México. A doce años de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida entre el veintiséis y veintisiete de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el Gobierno federal informó sobre nuevos avances ministeriales centrados en un análisis detallado de registros telefónicos de los años 2014 y 2015. Este estudio exhaustivo permitió descubrir patrones de comunicación inéditos que no habían sido explorados anteriormente por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, arrojando luz sobre posibles interacciones ocultas entre servidores públicos, elementos policiales y miembros de la delincuencia organizada.
Nuevos implicados y análisis
Mediante un diagrama presentado durante el informe oficial, las autoridades identificaron a diecisiete personas adicionales entre particulares y presuntos integrantes de los grupos delictivos denominados Guerreros Unidos y Bélicos, destacando nombres como Óscar “N”, Brenda “N”, Karen “N” y Alfredo “N”. Dicho escrutinio tecnológico también reveló indicios sobre el uso posterior de los teléfonos de tres estudiantes por parte de exfuncionarios y allegados a corporaciones municipales, sumándose a testimonios que ubican a diecisiete normalistas en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala antes de su traslado a un destino desconocido.
Gestiones de extradición y cifras
Durante la conferencia, el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la COVAJ, Arturo Medina Padilla, puntualizó que la administración federal mantiene vigente la solicitud de extradición contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, detallando que el catorce de septiembre se celebró una reunión con personal de la Embajada de Israel para agilizar el proceso. Finalmente, la Secretaría de Gobernación indicó que existen ciento sesenta y dos expedientes abiertos —divididos en sesenta averiguaciones previas, cuarenta y dos carpetas de investigación y sesenta causas penales—, con un total de ciento sesenta y ocho personas vinculadas a proceso, de las cuales ciento treinta permanecen en prisión y treinta y ocho en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.
