La revisión de la normativa sobre propiedad intelectual en las Comisiones Unidas desató críticas opositoras por sus posibles alcances contra la parodia y la sátira política

Por Agenda QR. -Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República avanzaron en el análisis del dictamen de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. La propuesta legal busca actualizar las normas contra el fraude y la piratería para alinearse con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, la iniciativa reavivó un intenso debate en el Congreso sobre sus implicaciones para la libertad de expresión.

Modificaciones técnicas y acotamiento de conductas sancionables

Frente a los señalamientos de diversos colectivos defensores de los derechos digitales, los legisladores modificaron el texto original para evitar ambigüedades en la ley. La nueva redacción estipula sanciones de uno a cinco años de prisión únicamente cuando se simule la identidad gráfica de una institución pública para inducir al error con la intención explícita de cometer un delito.

En este sentido, el senador Javier Corral defendió la iniciativa señalando que la medida busca frenar fraudes financieros y portales apócrifos que suplantan dependencias gubernamentales. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la propuesta del Ejecutivo intente limitar el sentido del humor o restringir la crítica ciudadana en redes sociales.

Persistencia de dudas en la oposición y organismos civiles

Por su parte, legisladores de partidos opositores y organizaciones como Artículo 19 expresaron su preocupación por el uso de conceptos que podrían vulnerar la labor periodística y la creación artística. En consecuencia, los senadores de la bancada del PAN exigieron incluir cláusulas de exclusión explícitas que protejan la parodia, el trabajo de caricaturistas y el uso no comercial de contenidos gráficos.

De este modo, los críticos advirtieron sobre el peligro de instaurar facultades excesivas de remoción de contenidos a petición de autoridades administrativas. Por lo tanto, el dictamen pasará al Pleno del Senado para su votación general mientras los grupos parlamentarios negocian reservas adicionales para garantizar plenamente la libertad de expresión digital.