Omar García Harfuch confirma la destitución del delegado de la FGR y aclara que el megadecomiso en Guanajuato no es huachicol.
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Durante la conferencia de prensa matutina celebrada este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció detalles cruciales sobre el polémico operativo realizado en Guanajuato. Por consiguiente, el funcionario federal aclaró que la Fiscalía General de la República anunció el llamado megadecomiso sin haber verificado plenamente si los indicios correspondían realmente a actividades de extracción ilegal de hidrocarburos. Cabe destacar que, ante las múltiples anomalías detectadas en el procedimiento, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada decidió atraer el expediente. Además, las indagatorias continúan su curso para deslindar responsabilidades institucionales.
Destitución del delegado federal y revisión del operativo
El titular de la SSPC confirmó formalmente la destitución del delegado de la FGR en la entidad, Juan Francisco Vera Ayala, ordenada por la fiscal Ernestina Godoy. Por lo tanto, esta medida disciplinaria se originó tras descubrir diversas irregularidades en la ejecución del operativo en la empresa distribuidora de gas. Entre las anomalías detectadas figura el hecho de que la intervención ocurrió dos semanas antes del anuncio oficial y se realizaron múltiples acciones en las instalaciones de Grupo SIMSA. En consecuencia, las autoridades federales revisan exhaustivamente la documentación entregada por los corporativos involucrados.
Postura de la presidencia y el desarrollo de las indagatorias
Por su parte, la presidenta de la República detalló que la delegación estatal inició las pesquisas originales basándose en el monitoreo de entradas y salidas de pipas. Sin embargo, la mandataria reconoció que el operativo se difundió públicamente previo a una revisión integral de los gabinetes de seguridad. Por lo lado, la FEMDO encabeza una investigación profunda para esclarecer si las operaciones de la compañía se encuentran estrictamente dentro del marco legal vigente. De este modo, el gobierno federal reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en las instituciones de procuración de justicia.
Verificación de permisos y seguimiento institucional
Finalmente, las instancias correspondientes mantienen el análisis técnico de los expedientes para determinar el estatus real de los hidrocarburos asegurados. Por consiguiente, el gobierno federal descartó que exista hasta el momento una confirmación oficial sobre la comisión de delitos relacionados con el robo de combustibles. Finalmente, la revisión minuciosa de los permisos otorgados a la empresa distribuidora permitirá esclarecer los hechos y garantizar que no existan abusos de autoridad en las actuaciones ministeriales.
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