Analizan el acuerdo sobre el uso de dispositivos digitales en escuelas y señalan la necesidad de incluir a los padres de familia.
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Las autoridades educativas federales y estatales expidieron recientemente el Acuerdo número 09/09/26 para regular el uso de dispositivos digitales en escuelas del país. Aunque se reconoce la voluntad de priorizar el bienestar de la niñez, diversos sectores señalan omisiones importantes en su diseño y aplicación.
Omisiones en el diagnóstico oficial
Uno de los principales señalamientos radica en que el proceso de construcción no incluyó de manera estructurada a los padres de familia. La consulta se limitó al personal docente y foros técnicos, dejando al margen a los hogares, quienes enfrentan diariamente las dinámicas derivadas del uso de herramientas tecnológicas.
Esa ausencia de participación social debilita la legitimidad de la medida. Para lograr resultados favorables, las normativas deben considerar un enfoque integral que contemple tanto el entorno escolar como el familiar.
Retos frente al rezago educativo
Especialistas e instituciones destacan que una regulación sobre el uso de dispositivos digitales, por sí sola, resulta insuficiente para abatir los rezagos de aprendizaje acumulados. El documento oficial otorga un plazo para la armonización jurídica, pero se requiere fortalecer la autoridad docente mediante marcos normativos claros.
Asimismo, resulta indispensable establecer rutas pedagógicas eficientes que atiendan deficiencias en lectura, escritura y matemáticas, mejorando las condiciones generales de enseñanza en las aulas mexicanas.
Corresponsabilidad entre escuela y hogar
Para que las disposiciones normativas alcancen sus objetivos, es fundamental abrir espacios permanentes de diálogo y ofrecer orientación práctica a las familias. El acompañamiento institucional permitirá coordinar reglas claras sobre límites de pantallas y manejo responsable de la tecnología fuera de las instituciones.
La colaboración coordinada entre Estado, docentes y padres de familia consolidará entornos propicios para el aprendizaje, garantizando el bienestar integral de la comunidad estudiantil.
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