El propietario de La Posada enfrenta múltiples cargos por conspiración y lavado de dinero tras transacciones millonarias descubiertas por agencias de seguridad en Detroit
Detroit, EUA. Juan Romo-Padilla, un comerciante de 58 años residente en los Estados Unidos, fue detenido el tres de septiembre por autoridades federales bajo la acusación de utilizar su establecimiento en Detroit para canalizar recursos financieros hacia México. El operativo se desprendió de indagatorias iniciadas en 2024, señalando directamente al propietario del negocio mixto La Posada por orquestar operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico y burlar los controles del sistema bancario mediante transacciones fraccionadas que superaron los ciento cuarenta millones de dólares durante cuatro años.
Operaciones financieras
El establecimiento ubicado en el suroeste de Detroit funcionaba simultáneamente como restaurante mexicano, tienda de conveniencia y centro de transferencias de remesas, facilitando así más de 100 mil envíos monetarios entre 2022 y 2026. Durante las pesquisas, un agente encubierto se infiltró simulando ser un operador de drogas y entregó una bolsa con diez mil setunto dólares para probar los servicios del local. En consecuencia, el imputado aceptó gestionar los recursos utilizando identidades falsas y enviando comprobantes digitales alterados a cambio de comisiones adicionales.
Red de envíos
Las autoridades ejecutaron cateos simultáneos en la vivienda del detenido y en el comercio, logrando asegurar ochenta mil dólares en efectivo dentro del domicilio particular y una cantidad adicional guardada en la caja fuerte del restaurante. Asimismo, la investigación conjunta documentó que se canalizaron más de 80 mil dólares simulados como ganancias ilícitas utilizando nombres ficticios y domicilios inexistentes en Michoacán.
Proceso judicial
Ante estos hechos, el acusado enfrenta cargos severos por conspiración internacional, lavado de activos y violaciones bancarias que podrían traducirse en una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo imputado. Mientras el tribunal federal determina su responsabilidad jurídica, el futuro operativo del establecimiento permanece bajo incertidumbre y las instituciones continúan evaluando las ramificaciones de esta red transnacional.
