Una investigación periodística documenta discrepancias fiscales en más de 80 millones de litros de combustible comercializados sin registro ante el SAT.
Por Agenda QR. -Una investigación periodística publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una compañía vinculada al empresario Amílcar Olán omitió declarar ante el Servicio de Administración Tributaria más de 80 millones de litros de diésel. El expediente documenta que las inconsistencias se detectaron mediante auditorías fiscales sobre los volúmenes de importación y distribución registrados por la firma comercializadora.
La indagatoria expone que la empresa incurrió en una subdeclaración sistemática de hidrocarburos para eludir gravámenes aduanales e impuestos federales. La anomalía representa un impacto severo en la recaudación formal del mercado energético nacional. La proveedora operaba dentro de un esquema de colocación de producto en distintas entidades federativas al margen de las bitácoras autorizadas.
El esquema en terminales y afectaciones al fisco
Los registros aduaneros y de facturación electrónica no coinciden con las salidas reales de combustible desde las terminales de almacenamiento. La discrepancia superior a los 80 millones de litros implica un daño tributario calculado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Impuesto al Valor Agregado.
El informe presentado por MCCI destaca que la empresa bajo la lupa forma parte de un conglomerado de contratistas con presencia en proyectos y obras federales. La organización señala una ruptura deliberada de los controles de trazabilidad volumétrica exigidos por las regulaciones energéticas del país.
Exigencias de rendición de cuentas y denuncias ministeriales
Tras la difusión del caso, organizaciones civiles y especialistas en combate a la corrupción solicitaron la apertura de procedimientos administrativos y denuncias penales. Los analistas advierten que los indicios presentados apuntan a esquemas de contrabando técnico de combustible en estaciones y centros logísticos.
Las autoridades tributarias y judiciales enfrentan llamados públicos para transparentar las sanciones contra socios y apoderados legales de la firma implicada.
