Modificaciones arbitrarias en planes urbanísticos perjudican directamente a los ecosistemas de Quintana Roo
Playa del Carmen, QR. La nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contempla el ordenamiento territorial y exige a los ayuntamientos coordinarse en dicha materia con la federación, pero carece de instrumentos efectivos que aseguren una supervisión real sobre las licencias de construcción y las modificaciones de densidad autorizadas a nivel municipal. La postura fue emitida por Irma Morales, abogada integrante de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, al ser consultada respecto a la propuesta presentada por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Distribución de competencias y postura federal
Durante la conferencia matutina encabezada este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal subrayó que la normativa recién propuesta garantizará una asignación competencial más eficiente, estableciendo que los Programas de Ordenamiento Ecológico Local correspondan a los municipios pero bajo la validación de la dependencia federal. La secretaria enfatizó que ninguna modificación de desarrollo urbano podrá ejecutarse sin la autorización institucional, un proceso complejo que actualmente se implementa en los 17 estados costeros del país para ordenar la zona federal marítimo terrestre.
Demanda de coordinación en Quintana Roo
En relación con este tema, la litigante quintanarroense recordó que dicha problemática constituyó uno de los ejes centrales expuestos ante la secretaría durante la manifestación efectuada el pasado 21 de mayo en defensa de Mahahual. En aquel espacio se dialogó sobre las prácticas recurrentes en Quintana Roo, donde las administraciones locales modifican los ordenamientos a conveniencia propia omitiendo la coordinación con el gobierno federal, facilitando la edificación de obras con licencias vigentes pero sin la respectiva manifestación de impacto ambiental, además de permisos estatales emitidos indebidamente en franjas costeras fuera de su jurisdicción, afectando gravemente a los ecosistemas y a la sociedad.
