Autoridades federales detienen en Jalisco a cinco presuntos integrantes de una célula delictiva afín a ‘La Nueva Empresa’
Jalisco. Autoridades federales mexicanas detuvieron en el estado de Jalisco a cinco presuntos integrantes de una facción criminal afín al grupo delictivo ‘La Nueva Empresa’, dedicada al tráfico de personas desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos, así como al narcotráfico, secuestro y extorsión. El operativo conjunto, coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), incluyó la realización de tres cateos simultáneos en inmuebles ubicados en los municipios de Tonalá y Zapopan.
En Jalisco, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron tres cateos en Tonalá y Zapopan, donde detuvieron a cinco personas, entre ellas Ana “N”, alias “La Tía”, identificada como líder de una célula delictiva.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026
Los detenidos están relacionados con delitos de… pic.twitter.com/lUbAnoTK8b
Estructura criminal y modus operandi
Entre los aprehendidos figura Ana Florella Fragoso Ramos, alias ‘La Tía’ o ‘Flor’, señalada por las fuentes federales como la principal líder de la facción. Junto a ella fueron arrestados Gilberto Sosa Valles (‘El Loco’), Martha Samara Olvera de Anda (‘La Fresa’), José de Jesús Rodríguez Diego y Mayra Saraí Olvera de Anda. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la célula delictiva utilizaba de manera primordial infraestructura subterránea de túneles en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, para cruzar de forma irregular a migrantes hacia territorio estadounidense.
Aseguramientos y disposición legal
Durante las intervenciones en los domicilios, las fuerzas federales aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, equipos de cómputo, terminales de pago, memorias USB, tarjetas SIM y decenas de teléfonos celulares y tabletas electrónicas. Las cinco personas detenidas y los indicios materiales quedaron formalmente a disposición del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica, mientras que los inmuebles intervenidos quedaron sellados y puestos bajo resguardo oficial.








