El TJACDMX inhabilitó a Sandra Cuevas por un año tras detectar irregularidades en el Operativo Diamante. Conoce la resolución.
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El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitió una sanción contra Sandra Cuevas al inhabilitarla por un año para ocupar cargos públicos. De este modo, la autoridad judicial determinó que la exalcaldesa de Cuauhtémoc incurrió en un grave abuso de funciones durante la ejecución del Operativo Diamante en 2023. Por lo tanto, la exfuncionaria capitalina no podrá desempeñar empleos en el servicio público ni participar en licitaciones estatales.
Faltas graves cometidas por Sandra Cuevas durante los operativos
La resolución del juicio de responsabilidad administrativa concluyó que la administración de Sandra Cuevas retiró mobiliario comercial, pérgolas, jardineras y bancas de la vía pública sin apegarse al marco legal. En consecuencia, el órgano fiscalizador detectó que el personal actuó sin una notificación previa ni la apertura de un procedimiento formal. Asimismo, las autoridades omitieron verificar si los comerciantes afectados contaban con las autorizaciones o permisos reglamentarios vigentes.
Evidencias en video aportadas en el expediente de Sandra Cuevas
Por otro lado, la Primera Sala Ordinaria tomó en cuenta diversos videos aportados como prueba en la investigación disciplinaria. Entre las grabaciones examinadas destaca un material donde la exalcaldesa Sandra Cuevas instruye directamente al personal a retirar enseres y aplicar sanciones inmediatas. De igual manera, los magistrados analizaron un video en el que la exservidora pública utilizó una motosierra para destruir estructuras de madera en establecimientos de la zona urbana.
Daño patrimonial y vulneración al debido proceso
Finalmente, los tribunales administrativos determinaron que estas acciones unilaterales provocaron un directo perjuicio patrimonial a los dueños de los negocios. Por esta razón, la justicia consideró que la estrategia vulneró las garantías del debido proceso y sobrepasó las facultades de la gestión municipal. Con esta decisión, el tribunal sienta un antecedente legal sobre los límites constitucionales de los operativos de reordenamiento público en la capital del país.
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