La FGR aseguró bodegas en la CDMX con pruebas sobre contrabando de combustible vinculado a un exgobernador. Conoce más detalles.

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La FGR dio un golpe relevante al avance de las investigaciones relacionadas con el contrabando de combustible en el país. En un mensaje oficial, la titular de la institución, Ernestina Godoy, confirmó el aseguramiento de dos inmuebles estratégicos en la capital del país. Por consiguiente, los agentes federales lograron recolectar material documental probatorio que fortalecerá el caso judicial en curso contra los probables responsables.

Operativos y cateos coordinados por la FGR

A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FGR solicitó y obtuvo una orden judicial de cateo. De este modo, peritos especializados en compañía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ingresaron a dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo. Como resultado, las autoridades aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que evidencian la simulación contable y operativa ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal.

Hallazgos relevantes sobre el modus operandi

El análisis exhaustivo de los expedientes encontrados permitió a los especialistas identificar datos contundentes sobre operaciones de comercio exterior. Por lo tanto, el trabajo realizado por la FGR abre nuevas líneas de investigación en torno a esta compleja estructura delictiva dedicada a la evasión de impuestos. De igual forma, el expediente involucra directamente al exgobernador Ernesto “N” y a otras veinticuatro personas relacionadas con estas actividades ilícitas.

Garantía del debido proceso y derechos de los procesados

Hasta el momento, nueve personas involucradas ya han sido detenidas por las autoridades competentes tras los operativos judiciales. No obstante, la FGR enfatizó que respeta la presunción de inocencia y garantiza el debido proceso a cada imputado. Finalmente, sobre la situación del exmandatario detenido, la institución confirmó que no existe notificación sobre algún cambio de medida cautelar, asegurando que se garantizan plenamente sus derechos humanos y la atención médica requerida en su internamiento.

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