El sector empresarial advierte sobre riesgos a la libertad de expresión, incertidumbre jurídica y posibles afectaciones a la inversión.

Por Agenda QR. -La representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Cancún (Coparmex Cancún) emitió un llamado al Congreso y a las autoridades regulatorias para replantear la iniciativa sobre los derechos de las audiencias. De acuerdo con el organismo del sector privado, el esquema normativo planteado contiene imprecisiones conceptuales que podrían derivar en actos de censura indirecta y vulnerar la autonomía editorial de los medios de comunicación en el país.

Por consiguiente, la dirigencia empresarial solicitó abrir espacios de diálogo técnico para asegurar que la defensa del público no se traduzca en mecanismos de control gubernamental sobre los contenidos informativos.

Ambigüedad normativa e impacto en el clima de inversión

La presidenta del organismo empresarial en la región, María Jovita Portillo Navarro, advirtió que la falta de criterios objetivos para clasificar términos como “información falsa”, “veracidad” o “contenidos descontextualizados” abre la puerta a la discrecionalidad administrativa. Según la postura patronal, facultar a entes reguladores para intervenir en la calificación editorial debilita las garantías del ejercicio periodístico y polariza el debate público.

Asimismo, la cúpula patronal remarcó que la certidumbre jurídica constituye una condición indispensable para el desarrollo de los negocios. Un marco legal impreciso y punitivo no solo limita el libre flujo informativo, sino que deteriora la confianza del sector productivo, frena la atracción de inversiones y compromete la estabilidad económica tanto en Quintana Roo como a nivel nacional.

Propuestas para la protección sin vulnerar libertades

Frente a este escenario, el sector privado respaldó medidas orientadas a la transparencia, tales como la clara diferenciación entre contenidos comerciales e informativos y la accesibilidad para personas con discapacidad. No obstante, insistió en preservar la independencia operativa de las defensorías de las audiencias frente a presiones estatales.

Finalmente, el organismo empresarial reiteró su disposición para colaborar en la construcción de lineamientos basados en la proporcionalidad y el debido proceso, garantizando un ecosistema de medios plural y democrático.