Autoridades federales acusa de colaborar con carteles a redes que facilitan el traslado de cocaína hacia México
Washington, EUA. El Gobierno del presidente Donald Trump activó este jueves sanciones directas contra una estructura criminal en Ecuador, a la que acusa de colaborar con carteles para traficar estupefacientes hacia territorio estadounidense. La medida, emitida por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, contempla el bloqueo administrativo de diez embarcaciones empleadas en actividades ilícitas y prohíbe cualquier transferencia o comercialización de sus bienes sin una autorización federal previa, buscando frenar el flujo de sustancias ilícitas que transitan por la región.
Estructura y logística
Las penalizaciones gubernamentales alcanzan a seis compañías pesqueras de carácter familiar, identificadas como Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar, además de la empresa de transporte de materiales de construcción Global Industrial. Las investigaciones federales señalan que este entramado comercial se encarga de proporcionar soporte operativo fundamental, incluyendo combustible, víveres, asistencia médica y labores de vigilancia a lanchas rápidas vinculadas con agrupaciones criminales locales como Los Choneros y Los Lobos. De esta manera, Washington acusa de colaborar con carteles a estas entidades, las cuales presuntamente facilitan el traslado marítimo de cocaína a lo largo de la costa del Pacífico hasta México, donde las organizaciones delictivas finalizan la cadena de distribución internacional.
Impacto y restricciones
Como resultado directo de esta acción punitiva, las propiedades y naves identificadas quedan bajo un estricto bloqueo técnico que impide su uso, venta o exportación sin el aval financiero de Estados Unidos. La administración norteamericana enfatiza que desarticular estas redes de apoyo logístico resulta indispensable para debilitar las rutas del narcotráfico transcontinental. Por consiguiente, el señalamiento formal en el que acusa de colaborar con carteles a estas empresas busca disuadir la complicidad corporativa y marítima en Sudamérica, protegiendo así los mercados de la región frente a las operaciones del crimen organizado global.
