La auditoría interna dada a conocer por MCCI reveló que Morena dispersó millones en apoyos a través de la Financiera para el Bienestar sin notificar al INE
Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena distribuyó cerca de 135 millones de pesos a más de 252 mil beneficiarios durante el año 2024 a través de la Financiera para el Bienestar (Finabien), de acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta operación, que se mantuvo activa durante la víspera de la elección federal, no aparece registrada en los informes financieros entregados al Instituto Nacional Electoral (INE). El monto total dispersó millones en apoyos bajo el concepto de “apoyos económicos”, superando por el doble lo detectado durante el histórico escándalo del Monexgate ocurrido en 2012.
Omisiones según MCCI
Las transferencias fueron descubiertas gracias a una auditoría interna realizada por el Órgano Interno de Control de la propia Financiera, cuyo contenido fue analizado y difundido por MCCI. Dicho documento detalla que, entre 2022 y 2024, el partido guinda movilizó un total de 144 millones 520 mil pesos mediante 276 mil 627 pagos individuales. Mientras en 2022 se repartieron 4.3 millones de pesos y en 2023 la cifra alcanzó los 5.3 millones, el gasto en 2024 se multiplicó hasta los 134.9 millones. Los datos presentados por MCCI demuestran que el instituto político, mientras dispersó millones en apoyos, omitió reportar estos movimientos ante la autoridad electoral en sus gastos de campaña.
Contratos bajo sospecha
Un hallazgo crítico documentado por la organización civil señala que el contrato de 2022 carecía de protocolos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. A pesar de que la Financiera para el Bienestar sostiene que se limitó a servicios de giro telegráfico, la disparidad en la terminología sobre si eran “apoyos económicos” o “sociales” genera contradicciones. Es fundamental notar que, según MCCI, el uso de esta estructura ocurrió mientras el partido dispersó millones en apoyos en un contexto electoral competitivo. Finalmente, las investigaciones confirman que este esquema de dispersión se mantuvo bajo las dirigencias de Mario Delgado y posteriormente, en abril de 2025, se firmó un nuevo contrato bajo la gestión de Luisa María Alcalde, consolidando una red operativa que dispersó millones en apoyos sin dejar rastro en la fiscalización del INE.
