Revelan anomalías en los contratos de Morena con Finabien para dispersar pagos calificados como apoyos sociales.
Por Agenda QR
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) basada en auditorías internas expuso severas irregularidades y falta de transparencia en la dispersión de recursos partidistas a nivel nacional. De acuerdo con documentos oficiales, la estructura de Financiera para el Bienestar funcionó como plataforma operativa para distribuir cientos de miles de pagos catalogados como apoyos sociales. Esta dinámica ocurrió durante la dirigencia de Mario Delgado y continuó bajo la gestión de Luisa María Alcalde, periodo en el que Andy López Beltrán se desempeñó en la Secretaría de Organización.
Auditorías detectan anomalías en contratos de Morena con Finabien
El análisis al Órgano Interno de Control confirmó la existencia de dos convenios clave suscritos en junio de 2022 y diciembre de 2025. Por consiguiente, la institución financiera aceptó dispersar hasta 252 mil 901 pagos en favor del partido político. Sin embargo, los auditores detectaron que las operaciones se mantuvieron activas durante el proceso electoral de 2024, periodo en el cual la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo el triunfo electoral.
Por otro lado, los fiscalizadores señalaron una omisión crítica en el cumplimiento de la normatividad financiera federal. En este sentido, el acuerdo careció de protocolos para atender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tampoco se contemplaron regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni normativas de instituciones de tecnología financiera. Por lo tanto, no existió claridad respecto al origen y destino final de los fondos públicos utilizados.
Funcionarios clave avalaron los acuerdos institucionales
El segundo documento se formalizó el 21 de abril de 2025 bajo la dirigencia de Alcalde Luján, previo a su posterior incorporación a la Consejería Jurídica de la Presidencia. En consecuencia, exfuncionarios de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Gobernación signaron el convenio en calidad de apoderados legales partidistas. Entre los firmantes destacan Luis Portillo Bencomo y Alfredo Nader Mena, quienes han mantenido cargos administrativos en diversas dependencias federales.
Asimismo, mientras la entidad financiera gubernamental transparentó la documentación tras solicitudes de información, la representación del partido político optó por la opacidad. De igual forma, las guías proporcionadas para consultar los registros en la Plataforma Nacional de Transparencia resultaron infructuosas, debido a que los convenios no se encuentran alojados en el portal público.
Estructura de dispersión y alcance nacional del financiamiento
Por su parte, la dispersión del dinero se extendió a lo largo de las distintas entidades federativas del país. En regiones del sur como Quintana Roo —estado que forma parte de la Península de Yucatán junto con Campeche y Yucatán—, las dirigencias locales y militantes mantuvieron un monitoreo constante sobre la distribución del gasto político. En municipios con alta actividad ciudadana como Playa del Carmen, estas revisiones reavivaron el debate sobre la rendición de cuentas.
Finalmente, la falta de controles preventivos contra el lavado de dinero coloca estas operaciones bajo el escrutinio de los órganos fiscalizadores. Por ello, la sociedad civil exige el esclarecimiento total sobre el uso de recursos en las plataformas gubernamentales de dispersión.
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