Un juez vinculó a proceso a José María Rejón de la Guerra por el presunto despojo del rancho La Caverna en Akumal.
Por Agenda QR
Un fallo judicial relevante sacudió el panorama jurídico local este jueves tras un largo proceso legal de siete años. Un juez determinó vincular a proceso a José María Rejón de la Guerra por su presunta participación en el despojo del rancho “La Caverna”, ubicado en la comunidad de Akumal.
La resolución fue confirmada por la abogada defensora Fabiola Cortés Miranda al concluir una maratónica audiencia que se extendió durante 16 horas consecutivas. La decisión representa un avance significativo dentro del expediente iniciado formalmente desde el año 2019 por el afectado.
Antecedentes y relevancia política del caso
El acusado es hermano de Gabriela Rejón de Joaquín, quien fuera esposa del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Debido a este lazo familiar, los primeros señalamientos iniciaron mientras la anterior administración estatal se encontraba en funciones.
El conflicto legal inició cuando el indígena maya Antonio Manrique Mac perdió la posesión de un predio de 37 hectáreas. Dicho terreno alberga tres cenotes de elevado valor ecológico y patrimonial dentro de la franja turística del municipio.
La parte acusadora sostiene que la transacción inmobiliaria se concretó mediante presiones y engaños hacia el legítimo propietario. Supuestamente se le hizo firmar un documento de compraventa simulando que se trataba únicamente de un contrato de arrendamiento.
Irregularidades atribuibles a José María Rejón de la Guerra
Las investigaciones señalan que la compraventa a favor de José María Rejón de la Guerra fue asentada formalmente ante la notaría pública número 85 de Yucatán. En el instrumento notarial se fijó un precio pactado de 7.5 millones de pesos mexicanos.
A pesar de que el dinero fue depositado temporalmente en una cuenta bancaria a nombre de Manrique Mac, la defensa afirma que el pago real jamás se ejecutó. Posteriormente se realizaron movimientos bancarios para retirar los fondos como parte de una operación simulada.
Aunque la denuncia inicial fue interpuesta ante la representación social en Tulum, la fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en noviembre de 2019. Ante este revés, la víctima interpuso un recurso de amparo ante la justicia federal.
Batalla judicial y reapertura de la investigación
La persistencia de la familia permitió que en agosto de 2025 un tribunal colegiado confirmara de forma definitiva la protección federal al afectado. Con esta resolución técnica, las autoridades judiciales ordenaron reabrir inmediatamente las indagatorias en la vía penal.
De forma paralela, la defensa legal promovió un juicio en la vía civil para recuperar la titularidad del rancho. En julio de 2025, un juzgado civil con sede en Mérida declaró nula la compraventa efectuada sobre el predio.
El litigio civil continúa actualmente en segunda instancia debido a los recursos de apelación promovidos por las partes involucradas. La defensa denunció que el agraviado enfrentaba condiciones de vulnerabilidad por su edad, discapacidad y por comunicarse predominantemente en lengua maya.
Impacto en la zona costera y el estado
Este litigio sobre terrenos con alto valor ambiental repercute directamente en la franja que conecta a Tulum con Playa del Carmen. Los tribunales deberán valorar minuciosamente cada prueba presentada para deslindar responsabilidades penales conforme a derecho.
Cabe precisar que estos hechos ocurrieron dentro de Quintana Roo y no en toda la Península de Yucatán, región geográfica integrada por tres entidades independientes. Las siguientes fases procesales definirán el destino final del rancho “La Caverna” en favor de las partes litigantes.
Con la vinculación procesal dictada por el juez, el Ministerio Público dispondrá de un plazo complementario para desahogar las pruebas pendientes. La ciudadanía permanece atenta al desenlace de este emblemático caso judicial en la zona maya.
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