La Auditoría del Estado detectó presuntas irregularidades y falta de pagos en el programa Chiapas Puede durante el ejercicio 2025.
Por Agenda QR
La Auditoría Superior del Estado de Chiapas detectó graves irregularidades financieras y operativas en la ejecución del programa Chiapas Puede correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Entre las anomalías principales sobresale la falta de distribución de material didáctico esencial, el incumplimiento en los pagos comprometidos a los beneficiarios y un presunto desvío de recursos estimado en 182.5 millones de pesos. Además, las autoridades descubrieron severas fallas en los padrones oficiales de atención.
Inconsistencias en la ejecución del programa Chiapas Puede
Al inicio de la administración del gobernador Eduardo Ramírez, la estructura gubernamental presentó la estrategia como un esquema de alfabetización modelo. El plan diseñado buscaba reclutar a personas analfabetas para que dedicaran una hora semanal a aprender a leer y escribir. Como incentivo económico, el gobierno prometió entregar hasta 4 mil pesos a cada participante tras completar cuatro meses de capacitación. Sin embargo, una gran cantidad de ciudadanos alfabetizados nunca recibió el estímulo económico prometido por las autoridades.
Por otro lado, los auditores estatales constataron que la dependencia omitió la entrega de más de dos mil tarjetas bancarias a los beneficiarios inscritos. De igual forma, las revisiones de campo revelaron que numerosas personas registradas en la plataforma ya sabían leer y escribir previamente. Por consiguiente, los inspectores detectaron un padrón alterado que distorsionó los objetivos prioritarios del plan social.
Destituciones y detenciones de funcionarios clave
La crisis operativa detonó el pasado 14 de julio cuando el gobernador destituyó a Sergio David Molina Gómez, quien se desempeñaba como director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. Aunque el cese ocurrió de manera repentina, las acciones judiciales escalaron rápidamente. Posteriormente, el 27 de julio la Fiscalía General del Estado detuvo a dos altos funcionarios vinculados directamente con la administración del presupuesto.
A pesar de las aprehensiones ejecutadas, la Fiscalía mantiene abierta la investigación penal sin que hasta el momento haya citado a declarar al exdirector general Molina Gómez. Las autoridades ministeriales continúan recopilando pruebas documentales para deslindar responsabilidades penales. Por lo tanto, el proceso judicial sigue su curso entre reclamos de transparencia por parte de la sociedad civil.
Postura oficial ante las observaciones en el programa Chiapas Puede
Por su parte, la secretaria Anticorrupción de la entidad, Ana Laura Romero Basurto, salió al paso de las acusaciones públicas. La funcionaria sostuvo que las observaciones por 182.5 millones de pesos obedecen exclusivamente a inconsistencias en la aplicación del proyecto. Además, la secretaria descartó de forma tajante un desvío directo de recursos públicos e insistió en que el problema de las tarjetas bancarias representa un caso aislado.
Asimismo, Romero Basurto aseveró que los hallazgos corresponden a omisiones administrativas menores, tales como la falta de integración de actas de nacimiento en los expedientes de los alumnos. Finalmente, la titular de la dependencia afirmó que los gastos del programa Chiapas Puede se fiscalizan en tiempo real, lo que garantiza la rendición de cuentas. No obstante, las discrepancias entre las auditorías y la versión oficial mantienen la atención pública centrada en el manejo presupuestal.
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