Tras registrar antecedentes penales y faltas administrativas, Trump revoca 175 mil visas a ciudadanos de diversos países
Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos notificó formalmente este lunes diez de agosto que el gobierno federal concretó la cancelación de más de 175 mil visados a ciudadanos extranjeros desde el arranque de la segunda gestión administrativa del presidente Donald Trump en enero de 2025. Las determinaciones gubernamentales obedecen principalmente a faltas registradas con las fuerzas de seguridad pública; por consiguiente, las cancelaciones derivaron de arrestos por agresiones físicas, robos en distintas modalidades, agresiones sexuales, desórdenes públicos e incidentes viales vinculados con la conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas o narcóticos.
FOX NEWS: "El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el lunes que ha revocado más de 175.000 visas en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump". https://t.co/K6KY7vSY9y
— USA en Español (@USAenEspanol) August 10, 2026
Justificación de las cancelaciones
El organismo gubernamental estadounidense enfatizó que la concesión de permisos de estancia temporal constituye un privilegio condicionado y de ninguna manera un derecho irrestricto de los solicitantes; asimismo, el Ejecutivo federal advirtió que empleará todos los instrumentos legales a su alcance para sancionar a quienes quebranten la legislación. Entre los casos citados para ilustrar la medida, el reporte oficial incluyó a extranjeros que festejaron públicamente el homicidio del activista conservador Charlie Kirk acontecido el año anterior, considerando sus manifestaciones como faltas graves que justifican la pérdida inmediata del permiso de entrada.
Medidas diplomáticas restrictivas
Paralelamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó la anulación de documentos migratorios bajo criterios de seguridad nacional y política exterior; de esta forma, las autoridades suspendieron el acceso a un ciudadano cubano presuntamente vinculado con tácticas de injerencia procedentes de La Habana, extendiendo además la restricción a ciudadanos iraníes con nexos confirmados hacia el régimen de los ayatolás. Estas decisiones forman parte de una estrategia migratoria caracterizada por una rigurosidad acentuada dentro del Departamento de Estado.
Adicionalmente, el gobierno estadounidense intensificó los controles de verificación para conceder nuevos permisos de ingreso al territorio nacional, fijando la imposición de fianzas monetarias obligatorias para solicitantes procedentes de naciones específicas. Las dependencias consulares reforzaron los procedimientos de escrutinio sobre cada expediente individual, incorporando auditorías minuciosas a las plataformas digitales y redes sociales de los peticionarios.








