El órgano electoral precisó que la adjudicación responde a una licitación pública para el Centro Virtual INE y no se relaciona con los servicios prestados a otras instituciones.
Por Agenda QR. -El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una clarificación pública respecto al contrato vigente celebrado con la empresa Territorium Life. A través de una tarjeta informativa elaborada por la autoridad electoral, el organismo precisó que el instrumento legal tiene como objeto exclusivo la provisión de la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE (CVI). Este sistema está destinado de forma estricta a gestionar los procesos de capacitación, formación interna y desarrollo del aprendizaje institucional de su personal.
El pronunciamiento busca deslindar los requerimientos técnicos del órgano electoral de las controversias o evaluaciones asociadas a los servicios que dicha empresa presta a otras instituciones para la aplicación de exámenes de admisión. Por lo tanto, el instituto enfatizó que las dinámicas operativas del Centro Virtual INE obedecen a especificidades institucionales autónomas.
Proceso de licitación pública y cumplimiento contractual
La institución electoral detalló que la contratación de Territorium Life se derivó de un procedimiento de licitación pública nacional implementado conforme al marco normativo vigente en materia de adquisiciones. De acuerdo con el organismo, la propuesta seleccionada reunió las mejores condiciones administrativas, legales, técnicas y económicas entre las opciones evaluadas durante la convocatoria.
Asimismo, el instituto señaló que el contrato comenzó su ejecución en 2024 y que, hasta el momento, no existen registros de incumplimiento en la prestación del servicio. Durante el proceso de adjudicación, la autoridad electoral determinó que la oferta garantizaba los elementos indispensables para el funcionamiento continuo de su infraestructura de capacitación.
Deslinde de procedimientos de otras instituciones
El análisis del INE subrayó que los alcances operativos y las exigencias de la plataforma institucional difieren sustancialmente de las herramientas requeridas para evaluaciones masivas de ingreso en otras entidades educativas o gubernamentales. En este sentido, la autoridad remarcó que las funcionalidades contratadas responden de manera única a la gestión del aprendizaje de los funcionarios del sistema electoral.
Por consiguiente, el organismo concluyó que cualquier señalamiento o revisión sobre los servicios prestados por la empresa proveedora a terceros corresponde de manera exclusiva al ámbito de competencia de dichas instituciones. De esta forma, el instituto delimitó el marco de responsabilidad jurídica y operativa de su relación contractual.
