Mexicana admite pagar colegiatura de su hijo mediante transferencias bancarias prohibidas por las autoridades federales estadounidenses
Washington, EUA. Una ciudadana de origen nacional admitió su responsabilidad criminal ante un tribunal estadounidense tras violar las sanciones financieras internacionales impuestas por Washington. La imputada, identificada como Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de 45 años de edad, confesó haber liquidado la formación académica de su descendiente utilizando recursos del crimen organizado.
Violación a la Ley Kingpin
La acusada, quien fue pareja sentimental de Gerardo González Valencia, cabecilla de la estructura criminal Los Cuinis, desembolsó 504,497 dólares para enrolar a su hijo en la institución IMG Academy. Según detalló el Departamento de Justicia estadounidense, la mujer realizó estos movimientos financieros a pesar de estar fichada formalmente por el Departamento del Tesoro.
Por consiguiente, dicha medida administrativa le prohibía expresamente efectuar cualquier transacción o negocio dentro del sistema bancario y comercial de la nación vecina. Asimismo, el fiscal Tysen Duva subrayó que esta condena evidencia la efectividad del marco normativo federal, diseñado para cerrar el paso al dinero ilícito en entidades educativas.
Investigación y sanciones
Por su parte, Terrance C. Cole, funcionario de la agencia antidrogas DEA, declaró que el expediente expone la sofisticación operativa de las redes delictivas en suelo norteamericano. Tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía, mexicana admite pagar colegiatura escolar bajo un esquema que le valdrá dictar sentencia el próximo dos de diciembre.
Debido a estas acciones ilegales, la procesada podría recibir una pena máxima de 10 años en prisión, además de una sanción económica de 10 millones de dólares. Cabe señalar que su expareja cumple actualmente una condena de cadena perpetua por conspirar para traficar toneladas de cocaína. De igual forma, el centro educativo de Florida aceptó pagar una multa de 1.72 millones de dólares por haber firmado contratos con personas sancionadas.
