Los cierres de vías provocaron severas afectaciones económicas y desabastecimiento de insumos en múltiples regiones bolivianas
La Paz, Bolivia. La Fiscalía de Bolivia dictó la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por la presunta comisión de conductas delictivas durante las manifestaciones de mayo y junio. El Ministerio Público atribuye al exmandatario los ilícitos de terrorismo y alzamiento armado, por lo que ordenan captura de Evo Morales tras el cierre de pesquisas.
Cargos y acusaciones
El fiscal Brayan Melgar fundamentó el mandamiento judicial agregando imputaciones por asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de transportes y servicios. Fuentes cercanas al exjefe de Estado confirmaron a la agencia EFE la emisión del documento, derivado de las acciones desplegadas para exigir la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
Por consiguiente, el expediente sostiene que los cortes de vías impulsados por sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos. Dichas protestas dejaron 16 fallecidos, 13 de ellos atribuibles al bloqueo de emergencias sanitarias, además de generar afectaciones financieras superiores a 3 mil millones de dólares.
Acciones legales adicionales
La demanda inicial la promovieron líderes cívicos de la provincia de Santa Cruz a inicios de julio, iniciativa a la que se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Asimismo, la investigación penal incluye al dirigente sindical Marco Argollo y al representante campesino Vicente Salazar, quien permanece bajo detención preventiva desde el 6 de julio.
Por otra parte, el exgobernante rechazó haber instigado la renuncia de Paz, aunque el 24 de mayo declaró en redes sociales que el Ejecutivo debía convocar a votaciones. Tras pactar con algunos gremios, el presidente declaró estado de excepción el 20 de junio, desplegando a las Fuerzas Armadas para liberar los caminos.
Refugio en Cochabamba
Finalmente, se dio a conocer que ordenan captura de Evo Morales mientras él permanece en el Trópico de Cochabamba bajo la protección de sus bases sociales. Desde octubre de 2024, el político busca evitar la ejecución de un mandato judicial previo relacionado con un juicio por trata agravada de personas.
En consecuencia, el tribunal de la región de Tarija declaró al imputado en condición de rebeldía al ausentarse del inicio del proceso legal en mayo pasado. De esta forma, las autoridades policiales mantienen la vigilancia sobre la zona para cumplimentar las diligencias pendientes en el momento operativo adecuado.
