Dependencias estatales deberán entregar informes fiscales para la investigación del juicio contra Samuel García
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una controversia constitucional en la Ciudad de México para proteger al gobernador de Nuevo León. De esta forma, el máximo tribunal prohibió separar de su cargo al mandatario estatal mientras se resuelve de fondo el juicio contra Samuel García. La resolución judicial fue asentada oficialmente bajo el expediente número 386/2026, admitido de manera oportuna por ser promovido por una parte legítima. No obstante, la suspensión no frena el procedimiento del Poder Legislativo local; por consiguiente, las diligencias e investigaciones correspondientes continuarán su curso ordinario.
Juicio de Samuel
La Corte aclaró que la suspensión únicamente busca paralizar cualquier intento de destitución o inhabilitación contra el titular del Ejecutivo del estado norteño. Mientras tanto, los legisladores locales conservan la facultad constitucional de avanzar con el desahogo de las pruebas correspondientes dentro de sus comisiones. De este modo, las autoridades ministeriales y administrativas podrán recabar la información necesaria sin alterar la estabilidad gubernamental de la entidad neolonesa. Asimismo, se prevé que los derechos políticos del funcionario público no sean vulnerados antes de que exista una sentencia firme sobre el caso.
Indagatorias por corrupción
La disputa legislativa se encuentra actualmente en la etapa de recolección de evidencias a cargo de la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal. El pasado 26 de junio, el inicio de las diligencias formales fue aprobado mediante una votación de nueve votos a favor. En contraste, el dictamen registró únicamente un sufragio en contra y una abstención por parte de los diputados que integran la mesa de trabajo. Esta fase faculta a los legisladores a requerir informes financieros detallados para robustecer el expediente del polémico juicio contra Samuel García.
Alcance del requerimiento
Las solicitudes de información fiscal abarcan actas constitutivas, contratos específicos e informes bancarios a más de 60 dependencias públicas y organismos descentralizados. Asimismo, la Comisión Anticorrupción incluyó en sus peticiones oficiales a diversas universidades públicas locales para cotejar los flujos de capital reportados. De esta forma, el Congreso busca trazar el origen y destino de los fondos bajo sospecha sin interferir en las actividades operativas ordinarias. Por consiguiente, las instituciones requeridas deberán colaborar de manera obligatoria entregando los archivos digitales y físicos que los legisladores locales consideren pertinentes.
Empresas bajo sospecha
El mandatario estatal enfrenta serias acusaciones por una supuesta triangulación de recursos públicos que presuntamente involucra a varios despachos jurídicos privados de la región. Sin embargo, el gobernador ha desestimado las denuncias argumentando motivaciones políticas detrás de las acciones de sus opositores en la cámara de diputados. En consecuencia, el máximo tribunal del país analizará los argumentos constitucionales presentados antes de emitir un veredicto definitivo sobre el juicio contra Samuel García.
