Fiscales coordinan el desahogo de los expedientes que resguardan la soberanía del territorio mexicano
La Fiscalía General de la República abrió formalmente una vertiente de investigación criminal para esclarecer el grado de intervención del Buró Federal de Investigación en la detención del capo Ismael “El Mayo” Zambada, cuyo traslado forzado a la Unión Americana desató una controversia binacional. La fiscal general de la nación, Ernestina Godoy Ramos, precisó en rueda de prensa que las pesquisas sugieren una vinculación estrecha con los recientes cambios en la custodia de Ovidio Guzmán López; por lo tanto, el ministerio público federal indaga la comisión de graves transgresiones legislativas si se ratifica la injerencia extranjera. Asimismo, las autoridades ministeriales catalogaron de falsas las afirmaciones de diplomáticos norteamericanos, de tal manera que el gobierno local mantendrá una postura firme ante lo que consideran un agravio directo a la soberanía del territorio mexicano.
Riesgos en la diplomacia bilateral
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, advirtió que la difusión de reportes distorsionados quebranta el principio internacional de buena fe que coordina los nexos políticos bilaterales. Los mandos de la procuraduría examinaron los testimonios públicos de Ken Salazar, quien en su carácter de exembajador aseguró que el arresto obedeció a disputas internas de los cárteles; sin embargo, los fiscales mexicanos sostienen que esa hipótesis carece de sustento científico en los expedientes. Por consiguiente, la falsedad de las declaraciones de los exdiplomáticos extranjeros configuraría un pacto al margen del ordenamiento constitucional, entorpeciendo la cooperación mutua y afectando gravemente la soberanía del territorio mexicano.
Cargos penales y rastreo aéreo
El organismo judicial ratificó que el cofundador del Cártel de Sinaloa mantiene vigentes 32 expedientes penales complejos en los juzgados federales de la república, sumados a múltiples mandamientos de captura pendientes de ejecución. Para robustecer el caso, los peritos analizan sistemáticamente los registros de audio del vuelo facilitados por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; además, las investigaciones técnicas permitieron identificar al piloto comercial que tripulaba la aeronave que despegó de una aeropista clandestina con los radares intencionalmente alterados. Estas irregularidades aeronáuticas confirman la planeación ilícita de la extracción, obligando a las instancias a actuar con contundencia frente a los actos que vulneren la soberanía del territorio mexicano.
Compromiso con la legalidad nacional
La fiscal general Godoy Ramos reiteró que el desahogo de las carpetas ministeriales se conducirá con absoluta responsabilidad institucional para evitar la impunidad de las agencias foráneas involucradas. El personal pericial coordina el cruce de datos con las terminales aéreas colindantes mientras se recaban nuevas evidencias sobre el rapto del líder delincuencial en el norte del país. Mientras tanto, las autoridades mexicanas reafirman que cualquier injerencia no autorizada por las leyes de la federación constituye una afrenta directa hacia la sociedad; en consecuencia, las indagatorias continuarán desplegándose de manera autónoma hasta sancionar a los actores que violaron la soberanía del territorio mexicano.
