El Parque Marino de Cancún genera millones pero opera con escasez de guardaparques. Alertan por evasión de pagos y pesca ilegal.

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La joya de la corona del turismo subacuático en el norte de la entidad atraviesa por una severa crisis financiera y operativa que pone en riesgo su invaluable biodiversidad. A pesar de consolidarse como uno de los motores económicos y recreativos más importantes de todo México, el Área Natural Protegida (ANP) del Parque Marino de Cancún e Isla Mujeres sufre un drástico déficit presupuestal. El personal adscrito trabaja diariamente en condiciones de extrema escasez debido a que los recursos recaudados en la zona son centralizados por el gobierno federal, dejando desprotegido el entorno marino.

Esta grave problemática afecta de forma directa al Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. Paradójicamente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha autorizado incrementos constantes en el costo del brazalete de acceso obligatorio estipulado por la Ley Federal de Derechos. La tarifa oficial por visitante pasó de 60 pesos en el año 2024 a 125 pesos en este 2026. Bajo este concepto impositivo, se calcula una recaudación estimada de 23 millones de pesos anuales, dinero que lamentablemente no retorna para el mantenimiento local.

Una paradoja financiera que debilita la vigilancia

Las autoridades ambientales locales lidian de forma activa con la contradicción de generar carretadas de dinero que no se quedan en el territorio para mitigar los impactos del turismo masivo. El gasto corriente asignado para la operatividad diaria es una fracción mínima de lo generado. “Nosotros analizamos los derechos recaudados y vemos que estamos generando 23 millones de pesos. La paradoja es que, si regresara ese recurso, seríamos actualmente autosuficientes”, explicó puntualmente Arturo González González, director de este importante espacio protegido.

Déficit de guardaparques en el Parque Marino de Cancún

La escasez de recursos impacta de forma directa en el estado de fuerza disponible para resguardar las 12,989 hectáreas totales que conforman el Parque Nacional y el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté. Actualmente, la plantilla laboral cuenta con apenas 17 personas, de las cuales solo 12 están asignadas formalmente al Parque Nacional. Por consiguiente, cada guardaparque tiene la titánica y casi imposible tarea de vigilar más de mil hectáreas de mar y costa de forma simultánea.

A la falta de personal se suma una alarmante carencia de herramientas de transporte. La dirección cuenta únicamente con una embarcación oficial, una moto acuática y cuatro vehículos terrestres obsoletos. Además, el gasto de operación en altamar resulta sumamente elevado. Un solo recorrido de supervisión de seis horas requiere un consumo mínimo de 150 litros de combustible, superando con facilidad los 3,000 pesos diarios en insumos básicos de navegación.

Embarcaciones ‘piratas’ evaden el pago de derechos

Por si fuera poco, la geografía abierta de los litorales y la proliferación descontrolada de charters náuticos ilegales tras la pandemia han convertido la región en un foco rojo de impunidad. Las autoridades estiman de forma preliminar que existe entre un 70 y un 73 por ciento de evasión en el pago de los brazaletes obligatorios. Esto significa que la gran mayoría de las agencias irregulares disfrutan comercialmente de los arrecifes coralinos sin aportar absolutamente nada a la conservación ambiental del Parque Marino de Cancún.

Daño ambiental por turismo desordenado e inmobiliarias

El director de la reserva también advirtió sobre el impacto del desarrollo inmobiliario mal planeado en las costas continentales y de Isla Mujeres. Explicó que muchos propietarios extranjeros rentan sus lujosas embarcaciones privadas a través de capitanes locales de forma totalmente irregular. “Utilizan a Isla Mujeres como el patio, no respetando ni el programa de manejo, ni las actividades náuticas permitidas. Tiran el ancla, dañan los pastos, dañan los corales y alimentan a los peces”, alertó Arturo González González.

Ante el adverso panorama presupuestal, la dirección de las Áreas Naturales Protegidas enfoca sus limitados esfuerzos en esquemas de gobernanza participativa. Actualmente, se buscan alianzas estratégicas con cooperativas turísticas responsables, la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y brigadas comunitarias para frenar el ecocidio silencioso. Cabe recordar que Quintana Roo requiere esquemas de manejo autónomos y urgentes, ya que sus ecosistemas sostienen la economía de toda la región.

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