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Barra de Abogados busca regular a los administradores de condominios en Quintana Roo ante ola de fraudes

Abogados de Quintana Roo impulsan una ley para certificar a los administradores de condominios y frenar los desfalcos.

Por el acelerado crecimiento inmobiliario en el Caribe Mexicano, la Barra de Abogados de Quintana Roo impulsa con firmeza una iniciativa ciudadana. Este proyecto legal busca regular de manera estricta la figura de los administradores de condominios en toda la entidad. Desafortunadamente, la falta de un marco jurídico sólido ha permitido un preocupante aumento de casos de desfalcos, fraudes y robos de cuotas de mantenimiento que impactan directo en el patrimonio de los propietarios.

Certificación obligatoria para administradores de condominios

Natalie Monserrat López Gómez, vicepresidenta de la Barra de Abogados de Quintana Roo, explicó los alcances de esta propuesta. Actualmente, el gremio coordina activamente mesas de trabajo con la Asociación de Constructores y otras instancias del sector. El objetivo central de estos encuentros es actualizar de raíz la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio. Por lo tanto, se diseñan propuestas conjuntas que involucran a constructores, notarías y dependencias clave para emitir certificaciones oficiales.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa sobresale la certificación obligatoria y la inmediata creación de un registro único. Hoy en día existe una proliferación descontrolada de asociaciones civiles que operan sin supervisión y generan un profundo desorden en el sector inmobiliario. En consecuencia, la Barra de Abogados propone centralizar la vigilancia en una sola organización oficial.

Freno urgente a los fraudes en Quintana Roo

“Queremos que solo exista una sola asociación que dé seguimiento a todas las asambleas de propiedad en condominio, porque al final son los propietarios quienes toman la última decisión”, señaló explícitamente la vicepresidenta.

Debido al auge de las plataformas de renta vacacional, el estado de Quintana Roo atrae constantemente a personas externas que buscan aprovecharse de este dinámico mercado. Por esta razón, el control de los recursos económicos en los complejos habitacionales debe ser prioritario y sumamente transparente. Un ejemplo reciente y de gran magnitud ocurrió en Playa del Carmen, donde un operador, mediante la firma MAFE, acumuló graves acusaciones penales. Este sujeto presuntamente defraudó a por lo menos 24 condóminos con un esquema ilegal de pagos anticipados y proyectos ficticios, sumando un desfalco que asciende a varios millones de pesos.

El modus operandi de los malos administradores de condominios

La especialista en derecho reconoció que este problema se ha vuelto una constante en la región turística. Habitualmente, los sujetos contratados desaparecen con el dinero acumulado de las cuotas de mantenimiento mensuales. Además, estas aportaciones económicas suelen ser depositadas en cuentas bancarias personales, lo que impide una debida fiscalización por parte de los comités de vigilancia de los edificios.

“Hay administradores que desaparecen y los propietarios son los únicos afectados. Las cuotas de mantenimiento, al no estar reguladas al 100%, pueden ser mal utilizadas. Esta práctica se ha vuelto muy común en Quintana Roo”, lamentó López Gómez. Debido a este escenario, la iniciativa busca modernizar una legislación estatal que el gremio considera “pobre” frente a las exigencias del boom inmobiliario actual.

Protección legal para el patrimonio inmobiliario

Por todo lo anterior, el propósito fundamental de la reforma es otorgar certeza jurídica inmediata y profesionalizar los servicios habitacionales. La Barra de Abogados proyecta presentar formalmente esta iniciativa ante el Congreso del Estado en el corto plazo. Asimismo, planean gestionar su impulso a nivel federal en el Senado de la República para homologar los criterios de seguridad.

Finalmente, los litigantes esperan que en las próximas semanas se concreten más detalles técnicos de esta propuesta legislativa. Con este blindaje legal, se espera proteger los desarrollos del sureste mexicano, garantizando que las inversiones de los residentes locales y extranjeros permanezcan completamente seguras.

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