Documentos internos revelan que una constructora del Gobierno de Sinaloa realizó pagos a una firma sancionada por Estados Unidos.
Por Agenda QR
Documentos internos de la constructora pública Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) revelaron presuntos vínculos financieros con el crimen organizado. Una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detectó tres transferencias bancarias de consideración. Los movimientos financieros se dirigieron específicamente hacia la empresa Ahavat Logistics Solution durante el mes de abril de 2024. Dicha compañía fue identificada formalmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza clave dentro de una red de huachicol fiscal. Asimismo, la autoridad estadounidense vincula a esta firma con operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pagos ocultos sin contratos oficiales
Las transferencias sospechosas sumaron una cantidad total de 678 mil 900 pesos y salieron directamente desde una cuenta institucional de Banorte. El organismo estatal Preecasin funciona desde hace quince años como la principal entidad ejecutora de la obra pública para el Gobierno de Sinaloa. Sin embargo, los registros contables internos de la constructora pública describen los movimientos bancarios únicamente bajo el concepto genérico de “pago de factura”. Por lo tanto, los documentos omiten especificar el bien adquirido o el servicio técnico que supuestamente prestó la compañía mexiquense. Además, la firma beneficiada no aparece dada de alta en el padrón de proveedores ni en el sistema electrónico Compranet.
Nexos con la red criminal del huachicol
Ahavat Logistics Solution se constituyó legalmente en el año 2017 en Toluca, obteniendo posteriormente un permiso comercial de petrolíferos. A pesar de declarar domicilios fiscales en Metepec, la empresa reportó oficinas operativas en Guadalajara, compartiendo sede con otra firma sancionada. Ambas compañías de transporte tienen como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien el gobierno estadounidense acusa de encabezar el contrabando. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a este empresario en su listado de personas sancionadas de forma irrevocable. Según las agencias de inteligencia, estas empresas movilizaron decenas de millones de dólares vinculados a actividades delictivas en la frontera.
Gestión de Rocha Moya bajo investigación internacional
Los polémicos pagos emitidos por la constructora del Gobierno de Sinaloa ocurrieron bajo la gestión del mandatario estatal Rubén Rocha Moya. El gobernador solicitó licencia al cargo tras una severa acusación formal del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales estadounidenses lo señalan de operar políticamente en beneficio directo de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El documento judicial detalla presuntas reuniones con capos para asegurar su triunfo electoral en 2021 mediante el robo de urnas. A cambio, la administración estatal habría colocado a funcionarios afines en puestos clave de la Secretaría de Seguridad Pública.
Alianza criminal en el territorio sinaloense
Por otra parte, reportes de inteligencia federal documentaron una alianza táctica entre el CJNG y la facción de Los Chapitos. Este pacto criminal busca enfrentar de manera conjunta a “La Mayiza”, el grupo rival que mantiene una disputa interna por el control regional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó recientemente que el CJNG financió y envió sicarios a Sinaloa. Aunque el líder criminal Nemesio Oseguera, “El Mencho”, falleció el pasado 22 de febrero de 2026, las autoridades no descartan reactivaciones de violencia. Mientras tanto, las transferencias del Gobierno de Sinaloa hacia estas redes delictivas permanecen bajo la lupa de los investigadores internacionales.
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