El personal del Instituto Federal de Defensoría Pública evaluará las medidas legales a implementar tras los ceses
Cancún, QR. Un grupo de asesores jurídicos pertenecientes al Instituto Federal de Defensoría Pública realizó una manifestación pacífica en las inmediaciones de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en Cancún, con el objetivo de manifestar su rechazo ante la baja masiva de más de 40 analistas de trabajo social en el país. Carmina Gutiérrez Mena, vocera de los inconformes, detalló que las empleadas de toda la República Mexicana recibieron la notificación oficial sobre la conclusión definitiva de sus nombramientos; por consiguiente, el personal técnico quedó desvinculado de la institución, una situación que debilita el esquema de asistencia legal gratuita que se brinda a los sectores más desprotegidos.
Afectación a vulnerables
La litigante, quien además forma parte activa de una asociación de defensores públicos, argumentó que las determinaciones administrativas de la judicatura suelen ser respetadas por el gremio, sin embargo, en esta ocasión la medida interrumpe de forma directa una labor humanitaria esencial. Los juicios de orden federal no se limitan únicamente a la intervención de un abogado defensor, sino que requieren obligatoriamente de un cuerpo multidisciplinario capaz de aportar elementos de convicción contundentes durante el proceso judicial; de esta forma, la ausencia de estas especialistas frena la correcta integración de expedientes dirigidos a personas sin recursos para costear defesas particulares.
Funciones del personal
Las trabajadoras sociales desempeñaban un papel crucial mediante la elaboración de dictámenes periciales sumamente útiles para disminuir sanciones penales o conseguir exenciones de pago en la publicación de edictos obligatorios. Asimismo, este personal realizaba tareas sustantivas de difusión institucional y vinculación comunitaria, facilitando el acceso de la sociedad a los diversos programas de apoyo social; por lo tanto, tras concluir la protesta, los asesores jurídicos evaluarán las acciones legales a seguir, mientras que las afectadas decidirán de manera individual si impugnan el cese de sus funciones frente a la preocupante falta de estabilidad laboral en el sector.
