Jorge Romero Herrera expuso el plan de seguridad nacional que contempla la reclusión perpetua para servidores corruptos
Ciudad de México. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, presentó un paquete legislativo denominado “Soluciones para México”, contemplando la prisión vitalicia para servidores públicos vinculados al crimen organizado. Esta iniciativa de reforma penal busca reestructurar la estrategia de seguridad pública con miras al próximo proceso electoral federal de 2027, proponiendo formalmente la creación de un centro de reclusión de máxima seguridad inspirado en el modelo carcelario de El Salvador. Durante la asamblea partidista, el líder panista aludió directamente al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya como uno de los funcionarios señalados internacionalmente por presuntas operaciones de narcopolítica.
Estrategia integral y delitos prioritarios
El proyecto de nación impulsado por el bloque opositor integra un total de 111 propuestas programáticas diseñadas para intervenir de manera prioritaria en los rubros de reactivación económica, infraestructura de salud y deficiencias educativas. En materia de seguridad ciudadana, la plataforma blanquiazul pretende disputar el control territorial del crimen organizado enfocando sus esfuerzos institucionales en el combate frontal a la extorsión sistemática y el financiamiento ilícito de campañas. El presidente del comité ejecutivo nacional aseguró mediante sus plataformas digitales que la severidad de las penas debe configurarse de forma ejemplarizante contra todo aquel funcionario miserable que traicione su juramento de protección familiar.
Obstáculos normativos en legislación federal
A pesar de la contundencia del discurso político, las disposiciones jurídicas vigentes dentro del territorio mexicano establecen límites punitivos que imposibilitan de manera inmediata la aplicación de este modelo penitenciario. El Código Penal Federal determina estrictamente en su artículo 25 que la pena privativa de la libertad tiene una duración mínima de tres días y un tope máximo de 60 años de reclusión ordinaria. Los estatutos detallan que una sentencia solo puede superar dicho umbral temporal si el interno comete un nuevo hecho delictivo dentro del centro penitenciario, por lo cual PAN propone cadena perpetua sin que el marco constitucional actual permita este esquema de castigo.
Regulación jurídica y medidas cautelares
La normativa penal contempla en su artículo 24 diversos mecanismos de sanción pecuniaria, decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito, inhabilitación de funciones, amonestaciones públicas, confinamiento específico y la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios. Asimismo, el artículo 26 estatuye de forma obligatoria que tanto las personas sujetas a prisión preventiva como los considerados presos políticos deben compurgar sus procesos en departamentos especiales y diferenciados. La propuesta del PAN busca presionar las bases legislativas del partido gobernante Morena; sin embargo, requerirá de complejas reformas constitucionales para adecuar los esquemas de localización y vigilancia a las severas penas privativas planteadas.
