El procesado trasladaba a las víctimas hacia zonas comerciales del Puerto de Santa María para exigirles dinero ilícito
Cadiz, España. Un tribunal colegiado de la Audiencia Provincial de Cádiz, en España, dictó una sentencia condenatoria de nueve años y ocho meses de prisión en contra de un entrenador de fútbol, identificado bajo las iniciales J.L.M.J., tras hallarlo culpable de obligar a prostituirse e intentar coaccionar a múltiples deportistas sudamericanos de categorías juveniles. El fallo judicial determinó de manera unánime la responsabilidad penal del técnico de balompié como autor material de dos delitos consumados de determinación a la prostitución, sumando adicionalmente cuatro cargos más en grado de tentativa. Los hechos delictivos ocurrieron de forma continua entre los meses de octubre de 2019 y mayo de 2020.
Explotación y vulnerabilidad social
Las indagatorias judiciales demostraron rigurosamente que los jóvenes deportistas involucrados procedían en su totalidad de entornos familiares con escasos recursos económicos en sus países de origen, de manera particular de Colombia. Los futbolistas arribaron al territorio europeo con la promesa de realizar pruebas deportivas de alto rendimiento; sin embargo, durante su estancia habitacional en el municipio de Prado del Rey pasaron severas necesidades alimenticias, subsistiendo únicamente gracias al apoyo humanitario otorgado por Cáritas y residentes locales. Ante la imposición de cobros mensuales de manutención por parte del procesado, este los indujo a sostener encuentros sexuales con varones a cambio de dinero mediante plataformas digitales.
Modus operandi en Cádiz
La resolución de la sala judicial determinó que el sentenciado transportaba personalmente a las víctimas en su automóvil particular hacia locaciones boscosas de un pinar de Rota y perímetros cercanos a un centro comercial en El Puerto de Santa María, sitios donde condenan a entrenador debido a que presionaba a los afectados para consumar los actos y posteriormente despojarlos de las ganancias económicas obtenidas. Mientras dos de los jugadores accedieron a las peticiones presionados por su condición de extrema necesidad, otros cuatro atletas se negaron rotundamente a participar de dichas prácticas. Por su parte, la justicia ordenó la absolución total de un promotor deportivo implicado, nombrado como D.I.M., al no comprobarse su complicidad.
Penalizaciones y medidas accesorias
La desglose de las penas impuestas por los magistrados españoles determinó dos años y seis meses de cárcel por cada delito consumado, así como un año y dos meses por cada tentativa. El castigo global incluyó el pago de sanciones económicas que suman un total de 10,080 euros en multas, la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada con menores de edad, un régimen de libertad vigilada posterior y la prohibición absoluta de aproximarse a los afectados. No obstante, el órgano jurisdiccional desestimó las acusaciones iniciales referentes a los delitos de trata de seres humanos, estafa y transgresiones contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
