Elementos materiales y grabaciones presentadas ante el Ministerio Público sostienen las acusaciones graves que enfrenta el exseleccionado nacional
Guadalajara, Jalisco. Un juzgado de distrito rechazó formalmente la solicitud de protección de la justicia federal promovida por el exjugador profesional Omar Bravo. El imputado pretendía con este recurso legal revertir el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de abuso sexual infantil agravado. Tras analizar los conceptos de violación expuestos por el cuerpo de defensores del exfutbolista, la autoridad judicial determinó que carecían de sustento jurídico idóneo para modificar su situación procesal. En consecuencia, el exgoleador de las Chivas continuará privado de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Reclusión en el complejo penitenciario
La resolución de la magistratura federal estipula que el procesado deberá permanecer recluido en las instalaciones del centro de reinserción social de Puente Grande, en Jalisco. En dicho establecimiento carcelario se encuentra internado desde su captura efectuada en octubre de 2025. Los órganos ministeriales locales informaron que el procedimiento ordinario seguirá su cauce reglamentario durante los meses subsecuentes. Asimismo, el tribunal penal calendarizó la celebración de la audiencia de juicio oral y la eventual emisión de la sentencia definitiva para octubre próximo.
Datos del expediente penal
La aprehensión del deportista se concretó el 4 de octubre de 2025 en el municipio de Zapopan, derivada de denuncias por agresiones hacia una menor de edad. Las indagatorias coordinadas por la Fiscalía del Estado señalan que las conductas delictivas se perpetraron de forma sistemática durante los últimos meses en suelo jalisciense. No obstante, las testimoniales integradas a la carpeta de investigación refieren antecedentes que datan del año 2019, época en que la víctima contaba con 11 años. La afectada logró registrar mediante dispositivos móviles una de las agresiones para aportarla como indicio de cargo.
Coacción bajo investigación judicial
Los reportes oficiales indican que los actos aberrantes iniciaban con acercamientos no consentidos aprovechando la ausencia de supervisión por parte de la madre de familia. De igual manera, se documentó que el encausado recurría a amenazas directas para intimidar a la víctima con la finalidad de asegurar su silencio prolongado. Si el juzgador de la causa encuentra elementos de convicción plenos de culpabilidad, el acusado podría recibir una condena que oscila entre cinco y diez años de prisión. Con esta negativa de amparo, la judicatura ratifica la legalidad de las actuaciones estatales preliminares.
