Madres de familia denuncian al Colegio St. Patrick’s en Playa del Carmen por agresiones físicas y retención ilegal de una alumna.

Por Agenda QR

Un grave conflicto escolar ha trascendido el ámbito educativo para convertirse en un litigio de carácter penal en el municipio de Solidaridad. Un grupo de madres de familia convocó a una rueda de prensa para denunciar públicamente una serie de represalias institucionales en contra de sus hijos. Según los testimonios presentados, los directivos de la escuela privada ejercen hostigamiento hacia los estudiantes debido a diferencias personales con los tutores. Por lo tanto, las afectadas ya formalizaron una querella ante el Ministerio Público del Estado.

Escándalo por agresiones físicas y uso de la fuerza policial

La polémica en torno al Colegio St. Patrick’s incrementó tras la difusión de acusaciones en diversas plataformas digitales. Melissa Urías, una de las afectadas, mostró el documento de la denuncia penal interpuesta inicialmente contra una docente y posteriormente ampliada hacia la institución. La ciudadana explicó que su hijo de apenas seis años sufrió una agresión física que le dejó marcas de arañazos en el rostro. A pesar de haber retirado al menor del plantel, la madre permitió que su hija de 11 años continuara asistiendo para concluir su periodo de evaluaciones.

Sin embargo, la situación empeoró el último día de clases cuando el padre de la menor acudió a dejarla a un convivio escolar. En el acceso principal se encontraban elementos de la policía municipal impidiendo el ingreso de la estudiante bajo el argumento de que su madre realizaba publicaciones negativas contra la escuela. Los oficiales condicionaron el acceso de la niña a cambio de que borraran los comentarios críticos de las redes sociales.

Retención ilegal de una alumna y confrontación directa

Al enterarse de esta cuestionable acción, la madre acudió de inmediato a exigir la devolución de su hija en las puertas del Colegio St. Patrick’s. No obstante, el director del plantel bloqueó el acceso y se negó rotundamente a entregar a la menor, ordenando cerrar los portones metálicos. Ante esta privación de la libertad, la madre solicitó auxilio a través de la línea de emergencia 911. Minutos después, arribaron patrullas de la corporación local acompañadas por personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG).

Existe evidencia videográfica donde se observa al directivo gritar de forma iracunda y mentir a los oficiales sobre la existencia de una orden de alejamiento. A raíz de este lamentable incidente, comenzaron a surgir nuevos testimonios de hostigamiento contra otros estudiantes del mismo colegio. Entre los casos destaca el de una alumna que fue expulsada de forma súbita y sacada de las instalaciones con agresiones físicas y verbales.

Desalojos violentos y preocupantes amenazas académicas

Por su parte, Evelyn Castellanos, otra madre inconforme, relató haber sido expulsada a empujones del edificio tras reclamar cobros excesivos en las colegiaturas. Como represalia directa por este reclamo económico, el director amenazó formalmente con reprobar a su hija utilizando el argumento de supuestas inasistencias. Esta afirmación carece de sustento académico debido a que la alumna mantiene un historial aprobatorio y restan cuarenta días para que concluya oficialmente el ciclo escolar.

Por consiguiente, la afectada decidió suspender la asistencia de la menor por el temor fundado a sufrir más agresiones de índole psicológica. Las denunciantes señalaron que la escuela cobra cuotas de hasta 2 mil 500 pesos por material didáctico que al final no se entrega de forma completa. Finalmente, las madres exigieron la intervención urgente de las autoridades educativas del estado para revisar la operatividad de este centro de enseñanza.

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