Una investigación de MCCI descubrió un contrato de Morena con Finabien que movilizó miles de pagos omitiendo controles de lavado.
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El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, durante la gestión de Mario Delgado, recurrió de manera directa a la infraestructura del organismo público Financiera para el Bienestar (Finabien). El objetivo de esta alianza fue dispersar hasta 252 mil pagos catalogados como apoyos sociales en todo el territorio nacional, lo cual habría representado un desembolso multimillonario. Sin embargo, ni las leyes electorales vigentes ni los estatutos internos del partido consideran entre sus atribuciones la entrega de este tipo de recursos a la población. Por lo tanto, el polémico contrato de Morena con Finabien pudo haber incurrido en una abierta ilegalidad.
Detalles del acuerdo y omisión ante el INE
Aunque el instrumento jurídico inicial para dispersar esos fondos se firmó el 1 de junio de 2022, fue hasta el 28 de junio de 2024 cuando se dio por concluido formalmente el acuerdo. Ciertamente, la finalización ocurrió semanas después de la pasada elección federal, según consta en documentos obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). A pesar de que el convenio DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022 tenía vigencia de un año, las partes suscribieron una modificación para extenderlo.
Por su parte, MCCI revisó minuciosamente los informes de rendición de cuentas entregados al Instituto Nacional Electoral (INE) durante el periodo 2022-2024. Tras esta verificación, se corroboró que el partido guinda jamás reportó a la autoridad fiscalizadora el contrato de Morena con Finabien. Asimismo, en los informes financieros de los ejercicios fiscales correspondientes tampoco se especifica de qué partida presupuestal salió el dinero para cubrir dichos apoyos sociales ni el monto global devengado.
Auditoría interna detecta irregularidades comerciales
No obstante las omisiones, reportes internos confirman que la dirigencia partidista pagó 3 millones 520 mil pesos tan sólo por las comisiones de dispersión. La institución financiera, antes conocida como Telecomm Telégrafos, cobró una tarifa fija de 12 pesos más IVA por cada giro nacional tramitado. Del mismo modo, una auditoría interna realizada en 2025 reveló que el importe cobrado en las facturas no correspondía con las operaciones efectivamente pagadas.
De los 252 mil 901 giros programados originalmente, las sucursales sólo efectuaron un total de 140 mil 878 operaciones financieras reales. Por esa razón, el organismo público tuvo que reintegrar a las cuentas del partido un aproximado de 1.6 millones de pesos por concepto de comisiones no devengadas. En el documento de fiscalización se menciona textualmente que el objeto del servicio era el pago de apoyos sociales, pero no se detallan los beneficiarios finales.
Incumplimiento de la ley antilavado de dinero
En la cédula de resultados de la auditoría del Órgano Interno de Control, emitida en diciembre de 2025, se menciona que el contrato de Morena con Finabien incumplió con las acciones obligatorias de prevención de lavado de dinero. El reporte oficial refiere que no se llevó a cabo ningún protocolo relacionado con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Inclusive, el personal de la gerencia comercial ya había alertado sobre esta grave vulnerabilidad desde el pasado mes de enero de 2023.
Debido a que el suelo operativo de la financiera estatal maneja recursos en efectivo, las alertas preventivas debieron atenderse con prioridad obligatoria. Diversos expertos en materia electoral coincidieron en que este mecanismo recuerda a esquemas pasados de financiamiento paralelo y movilización de estructuras de casilla. MCCI solicitó una postura oficial a la dirigencia actual del partido político mediante un cuestionario formal, pero al cierre de la edición informativa no se recibió ninguna respuesta explicativa.
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