Mandos policiales de la coordinación regional quedaron separados de sus cargos por permitir el almacenamiento ilegal de hidrocarburo
Tepeaca, Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla ordenó la destitución inmediata de los mandos directivos y del personal operativo adscrito al Centro de Coordinación Regional de la Policía Estatal en el municipio de Tepeaca. La drástica determinación institucional se ejecutó tras comprobarse graves omisiones en las revisiones de los centros clandestinos de distribución de hidrocarburos, deficiencias que quedaron expuestas tras la reciente explosión de pipas en Tepeaca que involucró el estallido consecutivo de seis unidades de transporte. El encargado de la seguridad en la entidad, Francisco Sánchez González, asumió públicamente la responsabilidad por el deficiente desempeño de sus subordinados, confirmando que el relevo masivo funciona como una acción preventiva mientras las instancias federales determinan el nivel de complicidad o negligencia de la corporación local.
Negligencia ante almacenamiento ilegal
El funcionario de extracción marina reconoció abiertamente que el siniestro dejó al descubierto la total ausencia de supervisión gubernamental en los patios utilizados para el acopio y comercialización ilícita de gas licuado de petróleo en la región. Durante las inspecciones posteriores a la catástrofe del pasado jueves, los cuerpos de emergencia constataron las precarias condiciones de seguridad con las que operaban estas mafias dedicadas al robo de combustible. Asimismo, los agentes ministeriales descubrieron tanques de almacenamiento masivo conocidos como “salchichas” que habían sido montados de forma rudimentaria sobre camionetas de redilas comunes. Por lo tanto, las autoridades estatales admitieron que estos depósitos operaban de manera flagrante a la vista de la comunidad y de los propios elementos policiales ahora cesados.
Federación atrae las indagatorias
Debido a que la sustracción ilegal y el resguardo de combustibles constituyen violaciones directas a las leyes federales, la Fiscalía General de la República tomó la jurisdicción absoluta de este caso. La delegada de la dependencia federal en Puebla, Jannette Sánchez Arce, encabeza actualmente los trabajos de investigación criminal orientados a desarticular la red de complicidades oficiales que permitía la operación de estos predios delictivos. Mientras tanto, el secretariado de seguridad poblano afirmó que la fuerza estatal se mantendrá totalmente al margen del desarrollo del proceso penal para garantizar la transparencia del veredicto. En consecuencia, corresponderá exclusivamente a los tribunales de la federación emitir las sanciones correspondientes contra los servidores públicos que resulten implicados en la protección del crimen organizado.
