Las autoridades judiciales dictaron el fallo definitivo donde sentencian a Santiago Uribe por nexos con el paramilitarismo
Bogotá, Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó de forma definitiva una sentencia de 28 años y tres meses de cárcel contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario Álvaro Uribe, debido a su responsabilidad directa en la fundación y financiamiento del grupo armado ilegal conocido como Los doce apóstoles. Los magistrados determinaron unánimemente que el hacendado incurrió en los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos con agravantes, vinculándolo formalmente con el asesinato del ciudadano Camilo Barrientos perpetrado en el municipio de Yarumal, Antioquia, durante el año de 1994. Ante esta resolución judicial de última instancia, el expresidente colombiano manifestó públicamente su consternación mediante sus plataformas digitales, calificando el dictamen como un golpe devastador para su entorno íntimo.
Condena por crímenes
El veredicto valida íntegramente la resolución emitida previamente el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, catalogando las acciones criminales del procesado bajo la figura jurídica de delitos de lesa humanidad. De acuerdo con el dictamen del máximo tribunal, las actividades ilícitas desarrolladas en el noroeste del país no admiten apelaciones adicionales; por lo tanto, la sanción privativa de la libertad adquiere un carácter firme e irrevocable para el sistema de justicia.
Santiago Uribe Vélez
El equipo legal del ganadero, liderado por el jurista Jaime Granados, sostuvo de manera reiterada que el expediente estuvo plagado de testimonios apócrifos, argumentando además una presunta interferencia de los medios de comunicación para influir en la opinión pública. No obstante, las evidencias recolectadas sobre las operaciones delictivas en Yarumal pesaron más que los alegatos defensivos; asimismo, los defensores anunciaron que revisarán detalladamente los salvamentos de voto antes de emitir un pronunciamiento técnico posterior. De esta forma, el caso cierra un ciclo fundamental en la historia judicial contemporánea de Colombia, vinculando a un miembro de la élite política con redes de violencia organizada.
