Litigantes explican los alcances de la sentencia que otorga la total libertad al exrector de la UAEMOR este jueves
Ciudad de México. Un tribunal federal decretó la inmediata absolución y liberación de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; por lo tanto, el exfuncionario abandonará las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 tras revocarse el juicio penal que enfrentaba por delincuencia organizada. Los magistrados adscritos al Primer Tribunal Colegiado de Apelación de la ciudad de Toluca votaron por unanimidad anular el auto de vinculación a proceso relacionado con el presunto blanqueo de 77.8 millones de pesos dentro del esquema de desvíos conocido como la Estafa Maestra. El cuerpo judicial determinó que la fiscalía no aportó evidencias tangibles para demostrar que el académico formara parte de una red criminal estructurada.
Convenios bajo lupa institucional
La resolución del colegiado puntualizó que la firma de un acuerdo interinstitucional no convierte de forma automática a una autoridad educativa en integrante del crimen organizado; de esta forma, los juzgadores aclararon que, si bien existen indicios de conductas ilícitas cometidas por otros servidores públicos, no hay pruebas contra el exrector. La acusación original se sustentaba en un contrato de coordinación firmado el 1 de septiembre de 2014 entre la casa de estudios morelense y la extinta Secretaría de Desarrollo Social. La dependencia gubernamental erogó la cantidad exacta de 77 millones 847 mil 14.40 pesos para la ejecución de 6 millones 700 mil encuestas socioeconómicas, sin embargo, las auditorías revelaron que únicamente se completó el 15 por ciento de los cuestionarios programados.
Esquema de triangulación financiera
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República señalaban que la máxima casa de estudios de Morelos subcontrató a la firma comercial Grupo Industrial y Servicios Yafed; asimismo, dicha compañía trianguló un total de 66 millones 170 mil pesos hacia la persona moral Esger Servicios y Construcciones. El Ministerio Público Federal detectó además el envío de 6 millones de pesos a Inmobiliaria Feyray, corporativo catalogado como empresa “facturera” por el Servicio de Administración Tributaria desde el año 2017. El litigante defensor, Julio Hernández Barros, demostró que su cliente no firmó el documento base de la acusación; mientras tanto, el procesado saldará una reclusión de poco más de seis meses tras su captura ocurrida el pasado 7 de noviembre en Cuautla, recobrando su libertad en las próximas horas.
