Diputados aprueban modificaciones que postergan la elección judicial a 2028 y avanzan reformas sobre injerencia y narcocandidatos.
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La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional que modifica los plazos originales de la renovación del Poder Judicial. Con una votación de 342 sufragios a favor por parte del bloque oficialista y 124 en contra de los partidos opositores, el Poder Legislativo determinó postergar estos comicios. De esta manera, las modificaciones impulsadas cambian el esquema establecido en el decreto de 2024, el cual estipulaba que las votaciones se realizarían en 2027.
La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de reconfigurar los tiempos del proceso de selección popular de juzgadores. Sin embargo, el bloque de oposición manifestó un rechazo rotundo durante el debate parlamentario en San Lázaro. Los legisladores inconformes señalaron que esta modificación no resuelve las inconsistencias técnicas estructurales que persisten desde la reforma inicial.
Críticas de la oposición por el uso de acordeones y revocación
Durante la sesión ordinaria, los cuestionamientos más recurrentes se concentraron en los mecanismos de votación y la simultaneidad de los procesos democráticos. Los representantes de las bancadas minoritarias criticaron severamente que la legislación mantenga el uso de los controvertidos listados de apoyo para los votantes en las urnas. Asimismo, manifestaron su desacuerdo con la integración de la revocación de mandato dentro de las jornadas electorales ordinarias donde se eligen autoridades ejecutivas y legisladores.
Esta última adición generó controversia debido a que el Partido del Trabajo se había opuesto a dicha concurrencia a principios de este año. En aquella ocasión, las negociaciones políticas lograron frenar de forma temporal el empalme de ambos ejercicios ciudadanos. No obstante, las fracciones parlamentarias de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el PT respaldaron el nuevo dictamen legislativo. Al concluir la votación general, la Mesa Directiva decretó un receso para programar la discusión de las reservas en lo particular.
Discusión sobre derechos laborales ante la elección judicial a 2028
Debido al aplazamiento de la elección judicial a 2028, los diversos grupos políticos ya preparan propuestas de modificación al texto del decreto. Representantes de las bancadas de Acción Nacional, Morena y el PT anunciaron que presentarán reservas específicas para blindar al personal afectado. El objetivo primordial de estas adiciones consiste en salvaguardar los derechos laborales de los jueces y magistrados que serán sustituidos.
Estas propuestas normativas buscan atender directamente las peticiones formales realizadas por la Asociación de Mujeres Juzgadoras ante el Congreso de la Unión. Las modificaciones sugeridas pretenden incorporar artículos transitorios que otorguen estabilidad económica y certeza jurídica a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Además, las legisladoras impulsoras detallaron que los cambios contarán con una perspectiva de género integral para proteger a las funcionarias judiciales.
Cuestionan la reforma de nulidad por intervención extranjera
Por otra parte, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que establece la nulidad de los comicios por injerencia de agentes externos. Esta iniciativa sumó 28 votos a favor del bloque mayoritario y nueve sufragios en contra provenientes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. A pesar de su aprobación, el proyecto recibió severas críticas por su falta de precisión técnica y ambigüedad legal.
Incluso, la ministra en retiro y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, decidió abstenerse en la votación de este dictamen en particular. La legisladora advirtió que la redacción actual representa una norma abierta que carece de la certidumbre jurídica necesaria para los tribunales. Por su parte, la oposición argumentó que la propuesta introduce conceptos ambiguos que vulneran los principios de taxatividad y certeza electoral.
Aprueban comisión permanente para revisar perfiles de candidatos
De forma simultánea, la Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El proyecto plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con carácter permanente dentro de la estructura del INE. Este nuevo organismo tendrá la atribución de remitir las listas de aspirantes a las instituciones de seguridad pública e inteligencia. De este modo, las dependencias federales emitirán dictámenes confidenciales sobre posibles riesgos relacionados con la delincuencia organizada.
El partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional calificaron la medida como una simulación insuficiente ante la problemática de la infiltración del narcotráfico. Los legisladores opositores señalaron que el mecanismo es voluntario y carece de sanciones penales contundentes o de la pérdida automática del registro partidista. Por el contrario, los diputados de Morena y el Partido Verde defendieron la iniciativa argumentando que fortalece los filtros éticos internos de los partidos políticos. Los dictámenes aprobados en comisiones serán enviados de inmediato al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual ratificación.
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