La Interpol emitió fichas rojas contra políticos mexicanos tras las indagatorias de la Fiscalía General de la República
Culiacán, Sinaloa. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció formalmente ante la Fiscalía General de la República mexicana tras los recientes señalamientos del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con actividades de narcotráfico. Durante esta comparecencia, una agente del Ministerio Público Federal en Culiacán entrevistó al mandatario estatal; por lo tanto, el político morenista utilizó sus plataformas digitales para ratificar su total disposición ante cualquier requerimiento legal que las autoridades consideren pertinente. Asimismo, el funcionario manifestó una confianza absoluta en las instituciones de justicia nacionales, las cuales, según sus declaraciones, han experimentado un proceso de saneamiento democrático e institucional profundo.
Proceso legal en marcha
Esta citación judicial se deriva de una investigación formal iniciada el pasado sábado 23 de marzo, fecha en la que el organismo federal convocó a diez servidores y exservidores públicos sinaloenses. La justicia estadounidense, mediante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, formuló los cargos que motivaron esta intervención del Ministerio Público en el territorio nacional. En consecuencia, la institución ministerial enfatizó que cada una de sus actuaciones se apega estrictamente al debido proceso legal; mientras tanto, se comprometió a mantener informada a la ciudadanía de manera oportuna sobre los hallazgos del caso.
Implicaciones de orden internacional
La gravedad de la situación escaló a niveles internacionales debido a que las autoridades norteamericanas emitieron alertas de búsqueda para los involucrados en el expediente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó recientemente que tanto el mandatario sinaloense como el senador morenista Enrique Inzunza cuentan con fichas rojas activas de Interpol. De esta forma, el caso no solo compromete la estabilidad política local, sino que también involucra la cooperación de los cuerpos policiacos globales en la persecución de los delitos imputados.
